El Heraldo
Córdoba

La ola de violencia que azota a Bolívar y Córdoba de cara a las elecciones

El reclutamiento forzado, las extorsiones y los homicidios selectivos siembran el terror en las poblaciones rurales de Montes de María y sur de Córdoba.

A una semana de que se realicen las elecciones para la Presidencia de la República, los líderes sociales de Montes de María, en Bolívar; y el sur de Córdoba han reportado el recrudecimiento de la violencia en sus poblaciones, lo que podría constreñir a los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto.

Ante esta situación los diferentes organismos defensores de derechos humanos han solicitado a las entidades competentes realizar las respectivas investigaciones y que se tomen decisiones para proteger a la ciudadanía y sus organizaciones.

Desde el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Bolívar se han identificado diferentes factores que ponen en inminente riesgo a la población civil  e incluso a la fuerza pública, como ocurrió con el patrullero de la Policía adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar,  Francisco Pacheco Orellano, asesinado hace un par de semanas con ráfagas de fusil en el kilómetro 1 de la vía que comunica a El Carmen de Bolívar con el municipio de Zambrano.

“Manifestamos preocupación por los hechos acontecidos en las últimas semanas y que afectan la paz, convivencia y seguridad de los pobladores del Departamento de Bolívar, especialmente en la ciudad de Cartagena, los Montes de María, Depresión Momposina, Magdalena Medio, Loba y La Mojana. Se habla sobre la presunta presencia de grupos armados organizados, lo que agrava la seguridad de los habitantes”, indicó.

Los voceros del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Bolívar hacen especial hincapié en hechos de riesgo como el reclutamiento a menores, tanto para actividad de microtráfico, explotación sexual o para formar parte de las filas de los grupos armados organizados.

“También vemos casos de afectación a sectores del comercio, agricultores y ganaderos con extorsiones; que intensifican la presión mediante la ocurrencia de hechos de violencia contra civiles y fuerza pública que se han presentado en el municipio de El Carmen de Bolívar y su zona rural, así como los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar en la vereda La Esperanza del municipio de Cantagallo, Hatillo de Loba y los asesinatos de civiles en el municipio de Magangué”, indica.

En al menos una docena de veredas y caseríos, los violentos ya habrían ordenado que la gente no pueda salir a votar el 29 de mayo, denuncian las comunidades.

“Es por eso que solicitamos de manera urgente a las instituciones competentes definir las estrategias para la prevención de estos hechos y generar acciones coordinadas territorialmente que impacten positivamente la confianza y la tranquilidad de los pobladores”, dice.

Además se le solicitó a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a las Alertas Tempranas relacionadas con estas poblaciones de Bolívar.

“Proponemos realizar un trabajo en conjunto para el análisis situacional de las realidades del territorio en temas de paz y convivencia, mediante la activación de las comisiones de Paz para animar a las organizaciones, empresas, emprendedores, actores sociales y comunidades en general a seguir construyendo la paz y la reconciliación en todo el territorio departamental”, concluyó.

Cabe recordar que, según la MOE, cada circunscripción presenta variedad en el tipo de líder social afectado. En este sentido, los líderes afro fueron los más violentados en las circunscripciones Montes de María, Pacífico-Valle del Cauca, Chocó, Pacífico Nariño y Magdalena-Guajira-Cesar; mientras que los líderes campesinos en NariñoCauca-Valle, Bajo Cauca, Catatumbo, Montes de María, Sur de Bolívar y Urabá.

“En el departamento de Bolívar también tuvieron lugar 6 afectaciones, de las cuales nuevamente 4 correspondieron a asesinatos. Al respecto, en el 2018 tan solo registró 3 agresiones contra este liderazgo, de las cuales 1 fue un asesinato”, indicó la MOE en su informe del 13 de marzo de 2021 al 13 de marzo de 2022.

“La violencia ha empeorado”

La ocurrencia del paro armado decretado por parte del Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de su máximo cabecilla alias ‘Otoniel’, ha incrementado los hechos de violencia en el sur de Córdoba, una situación que se ha extendido al resto del departamento, y que también padecen poblaciones vecinas en Sucre, Antioquia, Atlántico y Cesar.

Desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, se elevó una petición a los actores armados para que respeten a la población civil y se exhortó al Gobierno Nacional, regional y territorial a que se materialice su obligación de proteger a la población civil y a salvaguardar sus vidas y sus bienes, especialmente en esta recta final que se encuentran las campañas presidenciales.

“Hacemos un llamado urgente al respeto a la vida, la integridad, la libertad de la población civil y el respeto de sus bienes. En el marco de la oleada violenta se han vulnerado gravemente los derechos humanos fundamentales de la población de estos departamentos y se han presentado acciones violentas, que se han traducido en una serie de hechos tales como homicidios selectivos de civiles, quema de vehículos y motocicletas, vías bloqueadas, y amenazas, que trascienden en un  confinamiento forzado”, aseguró la entidad defensora de los derechos humanos.

A través del Comité de impulso de la mesa humanitaria del Sur de Córdoba se solicitó un tiempo de reflexión y contribución para hacer del departamento de Córdoba, de la región Caribe un territorio de paz.

“Queremos que este se convierta en el territorio que soñamos, uno donde no exista violencia en ninguna de sus formas, en donde el miedo no sea pan de cada día, en donde se pueda vivir esa paz estable y duradera que tanto se anhela”, puntualizó Ascsucor.

La población civil se encuentra en zozobra.
Riesgo en otros departamentos

La MOE, en su más reciente informe (13 de marzo de 2021 al 13 de marzo de 2022, reveló su preocupación por el aumento de hechos violentos contra líderes sociales y la comunidad en general en la región Caribe, pero fue clara en señalar que la situación en el departamento es mucho más grave por el constante accionar del Clan del Golfo y el ELN en el sur del territorio.

“Genera preocupación el caso de Cesar que, desde el periodo preelectoral de 2018, ha presentado un notable incremento tanto de las agresiones, destacando que mientras en aquel periodo únicamente presentó 3 hechos de violencia, siendo uno de estos un asesinato, en el 2022 se perpetraron 17 agresiones, de las cuales 5 fueron asesinatos. Sumado a ello, en 14 de sus 25 municipios se encontraban en riesgo por factores de violencia para las elecciones legislativas de 2022. Además, en el 40% de los municipios del departamento se presentó accionar de grupos armados ilegales en el periodo electoral, fundamentalmente del ELN”, explicó la MOE.

Asimismo, la Misión de Observación Electoral indicó que en cuanto a los liderazgos sociales, la circunscripción de Nariño-Cauca-Valle fue  la más afectada en el periodo analizado y en su gran mayoría por hechos violentos contra líderes indígenas. La segunda circunscripción más afectada fue Magdalena-Guajira-Cesar con 19 hechos violentos, el 31.6% de ellos contra líderes comunitarios.

En total, la circunscripción Magdalena-Guajira-Cesar presentó un total de 37 hechos violentos (18.1% del total para CITREP), de los cuales el 19% corresponden a atentados y asesinatos, lo que la convierte en uno de los escenarios de mayor violencia letal contra los líderes del país.

En edificaciones aparecen letreros como estos.
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