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Córdoba

En Córdoba firman acuerdo de garantías electorales para curules de paz

 La Procuraduría abrió la convocatoria especial para que 400 jóvenes realicen su judicatura con el ente de control.

Mediante una ceremonia protocolaria se firmó en Montería el acuerdo de promoción y garantías electorales para las circunscripciones transitorias especiales de paz.

El evento se llevó a cabo este lunes 4 de octubre en la capital cordobesa y fue  organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, indicó que  “los 16 escaños deben tener como únicas protagonistas a las víctimas del conflicto que provengan de las zonas definidas en el Acto Legislativo que regula el tema de las Circunscripciones Especiales para la Paz. Siendo importante destacar que se trata de comunidades de los departamentos más golpeados por la violencia, como es el caso de Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Sucre, Guaviare, Magdalena, Cesar, La Guajira, Tolima y Arauca”.

Durante su estancia en la capital cordobesa, la jefe del Ministerio Público señaló que "el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en decisiones recientes, reivindicaron el derecho de las víctimas a tener 16 circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes, como una de las tantas respuestas del proceso de paz. Este es el puente entre la institucionalidad democrática y aquellos que padecieron, durante décadas, los rigores del conflicto armado en territorios alejados e inhóspitos de la geografía nacional”.

En el acto de instalación de la reunión de seguimiento y compromiso para la implementación del Acto Legislativo 02 del 2021, también estuvo presente el Registrador Nacional, Alexander Vega; miembros de las fuerzas militares, Unidad de Víctimas, Alcaldes de los municipios Pdet, delegados de la ONU, la Gobernación de Córdoba, y Magistrados del CNE.

“Son grandes retos a la institucionalidad, a la sociedad en general y a todos como Nación, pues se trata de la protección y la participación de los más vulnerables en el ejercicio político del país. Para los órganos de control y para la sociedad la obligación es enorme para poder cumplir, porque tenemos que estar vigilantes para que el ejercicio político sea ejercido realmente por los destinatarios específicos, es decir las víctimas del conflicto armado. Es para ellas que se edificó este derecho de participación política”, dice.

La Procuradora aseguró que seguirá vigilando, interviniendo y, si es necesario, investigando y sancionando a quienes incumplan con sus deberes de hacer efectivos los derechos de participación electoral de las víctimas del conflicto armado.

“Estamos activos con el Comité Nacional de Vigilancia Electoral con representantes en todo el país. Hemos incorporado nuevos elementos como la vinculación de los jóvenes del país. Esperamos contar con 400 judicantes para que, desde la visión de las juventudes y previamente capacitados por la Procuraduría, realicen una vigilancia efectiva del proceso electoral”, puntualizó la Procuradora General.

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