Contraloría le pone la lupa a subsidios de vivienda en el Caribe
En Córdoba y La Guajira se detectaron hallazgos al igual que en otros departamentos del país.
Córdoba es uno de los departamentos en los que la Contraloría General de la República, CGR, reportó hallazgos tras evaluar la gestión del Banco Agrario referente a la asignación de los subsidios de vivienda social rural.
Beneficiarios retirados de manera injustificada, incumplimiento de contratistas e incluso el uso de terrenos no aptos para la construcción son algunos de los reparos realizados por el ente de control.
Los hallazgos fiscales en todo el territorio nacional se elevan a $5.292 millones de pesos, de los cuales dos fueron contratados en el Caribe; uno en departamento de Córdoba, con el Consorcio VR – 2018, por un valor de $870.361.562 millones; y otro más en La Guajira, donde se ejecutó un proyecto para familias desplazadas en el municipio de Distracción, por un total de $612.785.250 millones de pesos.
El Contralor delegado para el sector Agropecuario, Gabriel Romero, indicó que “con 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar, finalizó una auditoría de cumplimiento que se realizó a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017”.
Los otros tres departamentos donde se detectaron hallazgos fiscales son Cundinamarca, Putumayo y Antioquia.
“No es conforme el cumplimiento por parte del Banco Agrario como otorgante de estos subsidios y los demás actores involucrados en el programa, es decir, gerencias integrales, oferentes, contratistas, interventores y supervisores, respecto a la atención de tal rezago. Tampoco hay conformidad sobre la verificación de los requisitos para la escogencia de los beneficiarios que fueron reemplazados o retirados por el Banco”, indicó.
La Contraloría verificó también la estructuración de proyectos en predios no aptos para la construcción de vivienda.
“Existe incertidumbre respecto a la titularidad de los lotes; la entrega de las viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos conforme a los tipos definidos y cantidades de obra ejecutada y pagada menor a la contratada. De igual forma, se evidenció incumplimiento en los tiempos dispuestos para la evaluación y subsanación de los proyectos, que en muchos casos excedieron más de un año, lo que generó retrasos en la construcción de las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los proyectos por el alza de los precios en el transporte y materiales”, aseguró.
Además se estableció que el Banco no estaría realizando un seguimiento respecto al uso de las viviendas, ya que en algunos casos los beneficiarios están haciendo uso con propósito comercial, a través de arrendamientos y utilizándolas para depósito de madera, sin que se adopten las acciones pertinentes para el reintegro del subsidio.
“Los hallazgos con presunta connotación fiscal evidencian la no aplicación de los controles existentes a cargo de la supervisión de los contratos, entre el Banco y las gerencias integrales, y de la interventoría contratada para verificar la ejecución de las obras; así como omisión en el seguimiento del recurso público desembolsado en los diferentes proyectos”, dijo Romero.
De igual manera se detectó que las bases de datos de los proyectos y de los beneficiarios presentan deficiencias, al no actualizarse de forma oportuna. También aseguró que los informes de supervisión y avance de los proyectos no se encuentran actualizados, lo que repercute en el conocimiento del estado real de los mismos y la ejecución de las viviendas para la aplicación de los subsidios
“Estos proyectos que se están adelantando no han sido ejecutados y las interventorías que debieron estar pendientes de la ejecución fallaron en su control. Nos preocupa que las pólizas en muchos de estos casos estén vencidas. Seguiremos vigilando los recursos destinados a las vivienda del campo”, concluyó el Contralor Delegado.
