El Heraldo
Autoridades de Córdoba y los campesinos durante la entrega de ayudas. Cortesía.
Córdoba

Choque entre campesinos y Gobernación de Córdoba

Autoridades dicen que albergados en Juan José pueden volver a sus hogares. Labriegos aseguran que deslegitiman desplazamiento.

En una verdadera polémica terminó la entrega de ayudas por parte de la Gobernación de Córdoba a las poblaciones en condición de desplazamiento que se encuentran alojadas en albergues del corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba.

Por un lado las autoridades aseguran que están dadas las garantías para el retorno de las familias a sus veredas de origen, mientras que por el otro, los líderes campesinos sostienen que se está deslegitimando la veracidad de las causas del desplazamiento, al relacionarlos con las movilizaciones realizadas en el marco del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis.

Sandra Patricia Devia Ruiz, gobernadora de Córdoba, le comentó a EL HERALDO que “estamos atendiendo a las comunidades desplazadas, algunas de estas familias se encuentran adscritas al Pnis. No le veo cuál es el problema al decir eso, de todas formas son desplazadas y se están atendiendo como tal”.

La mandataria departamental aseguró que ya están dadas las garantías para el retorno de las familias. “En la zona no hay combates, el Ejército así lo ha señalado. Tenemos unas familias desplazadas, presionadas, no sabemos por qué tipo de actores. Sin embargo, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles no ha reportado enfrentamientos ni avistamientos de grupos armados durante todas estas semanas que se ha hecho presencia en la zona”, agrega Devia Ruiz.

En el sur del departamento de Córdoba, la Defensoría del Pueblo reportó desplazamientos masivos desde el 21 de marzo de este año. Según, el Ministerio Público, las familias en condición de desplazamiento son provenientes de las veredas Río Sucio, Puerto Mutatá, Soledad, Jagua, Rogero, el cabildo Zenú, de Buenavista, y el cabildo Emberá Katio, de Cañaveral, lo que hasta la fecha suma un total de 732 familias, equivalentes a unas 2.159 personas, quienes aseguran haber recibido amenazas de los grupos al margen de la ley que se disputan el control de los narcocultivos.

La gobernadora dijo que este fin de semana la Gobernación entregó 1.500 carpas, frazadas y colchonetas, 300 pruebas para el brote de paludismo y 300 medicamentos para el tratamiento de dicha enfermedad. También se instalaron 150 toldillos, de los mil que se tienen contemplados otorgar.

Deslegitimar. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascscucor, informó que “la Gobernadora de Córdoba no solo deslegitima la veracidad del desplazamiento constatado por el Ministerio Público; además pretende señalar que el grueso de los desplazados son familias que por el incumplimiento del Pnis, se han situado en el marco del desplazamiento forzado para gozar de las dádivas que la Gobernación ha enviado”.

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