Cerro Matoso llegó a acuerdos con comunidades vecinas a planta de operación

Tras seis años de procesos judiciales, la empresa Cerro Matoso comenzó a protocolizar las consultas previas con comunidades vecinas a su operación en el sur del departamento de Córdoba.

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Tras seis años de procesos judiciales, la empresa Cerro Matoso comenzó a protocolizar las consultas previas con comunidades vecinas a su operación en el sur del departamento de Córdoba.

Como un hecho histórico calificó la empresa Cerro Matoso y las comunidades indígenas y afrocolombianas, los acuerdos pactados, para mitigar impactos ambientales y abordar componentes socioculturales para las comunidades vecinas a la planta de operación.

Los acuerdos, que también incluyen la entrega de 400 hectáreas de tierras a comunidades sin propiedad, programas de educación y acompañamiento en proyectos productivos, se fijaron en el marco del proceso de consultas previas ordenado por la Corte Constitucional, el cual fue oficialmente protocolizado con cada una de las comunidades étnicas vecinas a la operación de Cerro Matoso.

En total se trata de siete comunidades indígenas, dos afrocolombianas que argumentaron sufrir afectaciones por el daño causado al ambiente en torno a la planta de trabajos.

Abelardo De La Espriella, director General de la Firma De La Espriella Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados y representante de las comunidades, aseguró que “la operación de la empresa Cerro Matoso S.A, además de afectar la salud de los pueblos indígenas, tal y como lo ha certificado el Instituto Nacional De Medicina Legal, causó un muy grave daño al medio ambiente, el cual se refleja en los altos índices de contaminación”.

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Las comunidades que son sujeto de esta reparación acordada son Bocas de Uré, Centroamérica, Guacarí, Pueblo Flecha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades de San José de Uré. Sectores comprendidos entre los municipios de Montelíbano y San José de Uré, en la subregión del San Jorge, al sur del departamento de Córdoba.

El profesional de las leyes agregó que “la Corte Constitucional, a través de una sentencia histórica emitida por la Sala Séptima de Revisión, amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud pública y al medio ambiente sano de las comunidades (…) Dado que las consultas previas sí debieron ser llevadas a cabo, la Firma De La Espriella Lawyers Enterprise, logró un acuerdo… el cual reivindica los derechos de las comunidades afectadas”.

Sin embargo, desde la empresa ferroniquelera se desmintió que la entrega de los recursos se deba a una indemnización por afectación en la salud, pues lo que la medida cobija son acuerdos de cuidados del medioambiente e inversión social.

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En los acuerdos entre la comunidad y la compañía, se establecieron medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales. Además, de manera voluntaria, se amplió el objetivo de las consultas para cubrir el análisis de los potenciales impactos socioeconómicos y culturales y una fase de post-consulta para garantizar la correcta y cumplida ejecución de los acuerdos.

 

 

Consultas se cumplen en los tiempos establecidos

Con relación a las medidas adoptadas a través del fallo, Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, indicó que “estamos demostrando que cuando dialogamos, nos escuchamos y nos entendemos el uno al otro, generamos confianza, nos reconocemos, nos volvemos más humanos y nos honramos mutuamente”, dijo

El directivo continuó diciendo que “para efectos de referencia histórica, estas son las primeras consultas previas ordenadas por la Corte Constitucional que se cumplen dentro del tiempo establecido.  Este logro ha sido posible gracias al proceso de Diálogo Social, horizontal, humilde y de doble vía, iniciado en el año 2013, que, no obstante los procesos jurídicos iniciados en esa época por las comunidades, permitieron durante estos últimos 6 años crear un ambiente de confianza basados en la generación de credibilidad, reconocimiento y respeto mutuo”.

Mejoramiento en la calidad de vida

Los acuerdos incluyen medidas ambientales y de inversión social por valor total aproximado de $148 mil millones de pesos.

“El acuerdo, que incluye una inversión social de más de $73 mil millones de pesos en los próximos 25 años, es el resultado del Diálogo Social que inició Cerro Matoso en octubre de 2013 para generar confianza entre las partes y así establecer una relación armónica con las comunidades vecinas a la operación minera”, explicó el directivo de la empresa ferroniquelera.

Con base en el informe presentado por la multinacional, las inversiones realizadas en estas comunidades en los últimos años han permitido llevar el índice de pobreza multidimensional a 7.8 puntos por debajo del índice nacional para población rural de similares características.

 “Los programas de inversión social acordados, según las necesidades de cada una de las comunidades, incluyen propiedad colectiva de tierras, programas de educación para jóvenes y adultos, acceso a agua potable, mejoramiento de viviendas y proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos, con el fin de mejorar aún más la calidad de vida de los miembros de las comunidades”, sostuvo Gaviria.

 

Líderes locales de acuerdo con los acuerdos

El acuerdo alcanzado da acceso inmediato a las comunidades étnicas a más de 400 hectáreas de tierra, y crea un fondo para la adquisición de estas. “Esto es un hito en el país, fue una escuela de aprendizaje para todos. Debemos mantenernos en ese diálogo, seguir construyendo de manera participativa y equilibrada. Es un reto de seguir luchando por esta armonía y seguir construyendo paz desde el territorio en la parte estructural de las comunidades como el fortalecimiento organizacional, el apoyo socioeconómico y la lucha por mantener la identidad cultural” afirmó Irrael Aguilar, asesor Ancestral de las comunidades indígenas.

Acuerdos ambientales

Los acuerdos incluyen una inversión en medidas ambientales de más de $75 mil millones de pesos, entre los cuales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación.

Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.

Los programas ambientales también incluyen la certificación de decenas de técnicos ambientales de las comunidades consultadas, a través de programas del SENA, y de diplomados universitarios como veedores ambientales.

Además, una universidad externa calificada, junto con los técnicos y veedores comunitarios, conducirá un estudio cada dos años para analizar los resultados de los monitoreos que se realizan de los diferentes componentes ambientales.

 “Gracias a los diálogos, empezamos el programa más ambicioso de la historia de Cerro Matoso y es quizás el que más ha impactado a nuestra comunidad: el programa de becas. Sin esto, no hubiésemos tenido la oportunidad de tener a nuestros hijos en la universidad. ¡El diálogo dio resultado! Esto es un logro histórico y lo conseguimos porque nos organizamos como comunidad” expresó Manuel Taborda, Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré.

Si bien las consultas previas hacen parte de una orden de la Corte Constitucional, los voceros de Cerro Matoso aseguraron que la empresa tiene el pleno convencimiento de que este mecanismo no solo es una herramienta de protección de derechos fundamentales, sino que también es la mejor plataforma para sentar las bases para una relación armónica, en el marco del uso compartido y sostenible del territorio.

“Estos acuerdos representan para la comunidad, el Estado y Cerro Matoso una gran y virtuosa alianza, en la que el desarrollo comunitario se gesta desde el interior de unas comunidades empoderadas, conscientes y que toman en sus manos la responsabilidad de su propio proceso, para que, de la mano de la empresa y su estrategia de gestión social, se genere valor compartido, sostenibilidad mutua y convivencia armoniosa para una mejor calidad de vida y fortalecimiento comunitario”, puntualizó Ricardo Gaviria.

Cabe recordar que en el mes de septiembre del año pasado la corte Corte Constitucional tumbó el fallo que condenó a la empresa Cerro Matoso S.A., a pagar una indemnización de 400 millones de dólares a ocho comunidades indígenas que están ubicadas en zona aledaña a su complejo minero en el departamento de Córdoba.          

La Sala Plena decidió acoger los argumentos de nulidad que presentó en su momento la entidad, sin embargo, está no afectó la protección del derecho a la salud por las acciones relacionadas con las operaciones extractivas de la empresa.           

Del mismo modo, el tribunal tumbó la creación del fondo especial de etnodesarollo y, además, ordenó la suspensión de las actividades extractivas en caso de incumplimiento de dicha sentencia.                   

Pese a tal determinación, la Corte sostuvo el amparo a los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades allí ubicadas. 

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