No es la primera vez que al Ministerio de Educación se le sale de las manos una universidad privada, dejando en la peor situación posible a muchísimos estudiantes y a sus familias, quienes con grandes sacrificios han enviado a sus hijos a estos centros de educación superior. Como siempre, la autoridad aparece cuando ya los costos son inmensos y muchas veces irreparables. Ahora el turno ha sido para la Universidad Autónoma del Caribe (UAC), que está viviendo una situación dramática. Pero con el perdón de la ministra, esta situación no nació ayer, y la pregunta de fondo es si el Ministerio no tiene elementos para identificar a tiempo bombas como la que acaba de explotar en este centro educativo. Y si los tiene, peor aún, ¿por qué no los utilizó para haber entrado a tiempo y evitar esta inmensa crisis?    

Solamente la Justicia, la Fiscalía y el mismo Ministerio de Educación son los que tienen que definir los responsables de que la UAC entre en semejante situación financiera, haya dejado de pagar salarios a sus docentes y tenga en la calle a miles de estudiantes pidiendo que se haga realidad su acceso a la educación por la cual pagaron. Pero si solo la mitad de lo que se afirma es verdad, es evidente que la autoridad educativa tenía desde hace tiempo elementos para intervenir e impedir que se llegara a este penoso escenario. 

La composición de los consejos directivos debe ajustarse a determinados criterios para garantizar el buen funcionamiento de una universidad. Deben existir unas reglas mínimas para evitar que estas instancias, que deben vigilar el buen funcionamiento de las instituciones educativas, no pierdan la independencia necesaria para evaluar objetivamente el desempeño del rector de turno. El mal manejo financiero también se ha visto en varios casos de universidades privadas, que ha permitido un uso incorrecto de los recursos que deberían estar dirigidos a garantizar la buena calidad de la formación de sus alumnos. En este tema tan delicado, ¿tampoco Mineducación tiene forma de evitar descalabros como el de la UAC?  

Independientemente de los resultados de las investigaciones en curso y para evitar nuevos desastres que dejan a una juventud en el aire, frustrada por no poder realizar su sueño de llegar a ser profesionales bien formados, es hora de que el Ministerio y el Gobierno se planteen la necesidad o de aplicar mecanismos –si los tienen–, o de crear instancias que permitan un seguimiento más efectivo de los centros de educación superior. Si esta lamentable situación ha sucedido en una universidad como la Autónoma, ¿qué no podrá pasar con todas aquellas que surgen de la noche a la mañana y que siempre se les menciona como ‘de garaje’?.

Como aparentemente al Mineducación le queda grande una situación como la descrita, una Superintendencia de Educación Superior que funcione como la Superfinanciera, que hace temblar a quien vigila, puede ser la alternativa. Dada la recurrencia de estos casos, es hora de explorar seriamente esta alternativa.