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Opinión

Intolerancia a la memoria

El retiro de la membresía de nuestro Centro Nacional de Memoria Histórica de la Coalición internacional de Sitios de Consciencia no debería sorprender a los colombianos. La explicación oficial apunta a que se trató simplemente de un olvido involuntario al no responder una carta enviada con meses de anticipación. Un simple acto de negligencia menor. Sin embargo, al revisar la línea de actuaciones recientes del otrora internacionalmente reconocido Centro de Memoria lo que se evidencia es un nítido ejemplo de lo que en materia administrativa se conoce como diligencia en contravía. 

Imaginemos que un poderoso grupo económico tiene entre sus propiedades una empresa dedicada a la comercialización de productos lácteos de la cual desea deshacerse. Para ello decide escoger entre sus ejecutivos como gerente a un profesional que ha desarrollado en su cuerpo intolerancia a la lactosa. El nuevo gerente ha participado activamente en campañas publicitarias sobre la inconveniencia de ingerir estos productos y lo desagradable de sus efectos secundarios en algunos grupos de población. Al año la empresa quiebra y los nutricionistas, médicos, campesinos, educadores y padres de familia lamentan públicamente su desaparición. En contraste, los superiores del ejecutivo le dan en privado unas gratificantes palmaditas en la espalda por haber realizado con eficacia esa aparentemente ingrata tarea, aunque en dirección contraria a las expectativas e intereses de la sociedad.

Lo cierto es que la suspensión de Colombia de esa prestigiosa red global que comprende 65 países parece formar parte de una política de olvido que refleja una intención y un proyecto dirigido a silenciar las exigencias de las víctimas.  Afirma el investigador Alfredo Gómez Muller que tanto el olvido como la memoria pueden ser planificados y administrados por quienes ejercen el poder, es decir, “por un grupo particular que ocupa el Estado y se atribuye el poder de decidir lo que las subjetividades y la sociedad deben olvidar y recordar en el espacio público”.

La política del olvido busca no solo borrar la inhumanidad de hechos verificables y dolorosos del pasado sino abolir las exigencias normativas de las víctimas y, en consecuencia, el deber de repararlas. Esta política suele reflejar los intereses particulares de los perpetradores al situarlos en pie de igualdad con las víctimas y dejar de lado el profundo desequilibrio existente entre ambos. Empero la sociedad, y no solo los individuos, es la principal víctima de estos hechos atroces.  Por tanto, la memoria histórica deber ser entendida como la articulación narrativa de la multiplicidad de hechos en la cual se inserta la verdad factual. Es a través de la memoria que podemos hacer inteligible como sociedad lo humano y lo inhumano de nuestro pasado.    

“El olvido es agua y la memoria es fuego” afirmaba un cruel dictador sudamericano que veía en la memoria una simple ideología. La exigencia de memoria de la sociedad víctima es perturbadora para los perpetradores. De tener éxito nuestra sociedad desarrollará, como ciertos adultos lo hacen con la lactosa, una intolerancia a la memoria lo que allanará el camino para que los hechos inhumanos del pasado se perpetúen en una incesante y dolorosa repetición.     

wilderguerra@gmail.com

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