*Por Ángela Montoya

El país consiguió una meta que se trazó desde hace cinco años: hacer parte de la OCDE. Colombia hizo la tarea de auto evaluarse y ponerse al día con los estándares internacionales de mejores prácticas de gobierno y los beneficios serán evidentes. Pero el ingreso a la OCDE representa solo la mitad de la tarea. Mantenerse ahí incluye realizar un análisis de la eficiencia y efectividad de su marco normativo actual y evaluar la pertinencia de su regulación y de las metodologías que emplea para expedir nuevas normas. No es un tema menor: según el DNP, tan solo el 50% de la normatividad actual es sustancial.

En esta materia, las recomendaciones de la OCDE contienen herramientas pertinentes que, de ser empleadas correctamente, aportarían en eficiencia, eficacia y competitividad a la economía colombiana. La adopción de un instrumento como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) fortalecería la credibilidad de las agencias regulatorias, incrementaría la predictibilidad, la consistencia y la confianza del entorno regulatorio.

La recomendación no podía ser más oportuna, pues es conocido que una de las principales dificultades que enfrentan los sectores productivos del país es la ausencia de certezas para la inversión y la multiplicidad e inestabilidad de las normas. Afortunadamente los aprendizajes de las experiencias pasadas en implementación de marcos regulatorios de alto impacto para el país son una lección que de la cual tanto el sector privado como el público podemos aprender. Y si estas lecciones se unen ahora al AIR, sin duda el camino será mucho más eficaz, eficiente y pertinente.

El AIR toca los puntos sensibles de la generación de regulación, como la justificación de la intervención del gobierno; el reconocimiento de las alternativas de acción más efectivas (no regulatorias y regulatorias), y el diseño abierto y transparente con la participación activa de los agentes interesados en la formulación, la implementación y seguimiento. Este último es un punto particularmente importante: con frecuencia, al no ser consultados apropiadamente, la introducción de elementos que representan cambios estructurales a las reglas del mercado generan riesgos regulatorios para los inversionistas. Los lineamientos de la OCDE se encaminan a mitigar este tipo de situaciones, y favorecen las ganancias en competitividad.  

A título de ejemplo, los tiempos actuales de consulta para comentarios, 15 días calendario, resultan un plazo muy corto, pues a un agente del mercado le demanda un esfuerzo muy elevado revisar en detalle los impactos de las propuestas regulatorias. A esto se suman los tiempos que requieren llegar a consenso institucional y a la consolidación de comentarios sectoriales. Países como China, Inglaterra, Brasil, India y Japón han establecido plazos mínimos de 30 días de consulta pública. Y en otros,  como Australia, Suiza y Filipinas se considera hasta un plazo de 60 días dependiendo de la relevancia de la propuesta. Esas experiencias internacionales ponen en evidencia la conveniencia de que Colombia adopte plazos mayores.

La consulta es la oportunidad que tienen el sector público y privado para construir acuerdos, implementar mejoras y minimizar los costos transaccionales. Generar estos intercambios sanos, productivos y deseables para que la política pública y regulatoria sea justificada, y tenga el mejor costo/beneficio podría convertirse en la primera de las mejores prácticas del club.

*Presidente de Acolgen