Dos años después del referéndum prohibido y la declaración de independencia en Cataluña, la situación ha vuelto a escalar. En la noche del martes se produjeron auténticas batallas callejeras entre personas camufladas y la policía en Barcelona y otras ciudades catalanas. El día antes, una muchedumbre siguió el llamamiento para ocupar el aeropuerto de Barcelona al estilo Hong Kong. Pero todavía la inmensa mayoría de las protestas contra la sentencia de los líderes separatistas por aquel referéndum son pacíficas. El lunes, el Tribunal Supremo de España condenó a nueve políticos y activistas catalanes a duras penas de entre nueve y trece años de cárcel.

“Son inocentes, solo defendieron sus ideas”, me comentó Nuria, una estudiante en una de las manifestaciones el lunes delante de la sede del gobierno catalán, la Generalitat. Así piensa la mayoría de esta mitad de la sociedad catalana que apoya la independencia. Para ellos se trata de un “juicio político” que arremete contra la libertad de expresión y el “derecho de autodeterminación”.

No es así. Los separatistas no fueron condenados por manifestarse a favor de la independencia, como hacen cientos de miles de personas cada año. No, ellos se saltaron repetidamente las leyes y las órdenes del Tribunal Constitucional para montar el referéndum y declarar unilateralmente la República Catalana, aunque no lograran llevarla a efecto. En ningún país del mundo se toleraría esto.

El Supremo tenía un papel muy difícil y no ha dejado contento a casi nadie. Los jueces rechazan el delito de “rebelión”, con penas más altas, que habían reclamado la Fiscalía y buena parte de la derecha política y mediática. En lugar de esto optaron por una condena por “sedición”, junto con la malversación de fondos públicos. Pero las altas penas de prisión parecen excesivas a la luz de la argumentación del propio Supremo, como se ha criticado desde muchos sectores.

Sin duda, la sentencia ha dado un nuevo empujón al movimiento independentista, que había perdido algo de fuelle. Los líderes apuestan ahora por la protesta y la confrontación - algunos incluso son ambiguos respecto a los grupos violentos-. Igual desean que el Estado central vuelva a intervenir y poner a Cataluña bajo administración directa. Creen que eso podría provocar la anhelada reacción en el extranjero, pero en Europa nadie se quiere meter en un asunto interno de España.

En los cálculos de algunos independentistas una escalada del conflicto en la calle, con intervención del Estado, también podría atraer a más gente a su causa. Por ello, fomentan la indignación y la ira, como está funcionando en otros países. Porque parte de los líderes separatistas es consciente de que su apoyo social actual es aún insuficiente, ya que no se puede lograr la independencia en contra de la voluntad de la otra mitad de la propia sociedad catalana. Sin embargo, la confrontación -especialmente la violenta- podría producir justo el efecto contrario a lo que pretenden los separatistas.

 @thiloschafer