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Opinión

Uribe y la justicia

La crisis política e institucional actual derivada de la supuesta desfavorabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la medida de aseguramiento decretada contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, pone de presente que el sistema judicial colombiano enfrenta uno de los retos más grandes de la historia: mostrar que sus decisiones no están sujetas al clima político sino a la verdad y a la ley.

Las reacciones frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante la medida de aseguramiento de Álvaro Uribe Vélez, dan cuenta que el ejercicio de la justicia sigue siendo incomprendido en Colombia y que a este ausente entendimiento se suma la presencia de un sistema de justicia transicional que resulta aún más complejo de digerir. Varias son las muestras de las dificultades para entender el sistema judicial y los principios que lo rigen, siendo un claro ejemplo las declaraciones del presidente Iván Duque, quien parece desconocer el principio de independencia de las ramas del Poder Público al cuestionar una decisión judicial en la cual no puede ni debe tener injerencia.

Otro asunto preocupante es la equivocada equiparación de la justicia ordinaria y la justicia transicional ¿Bajo qué criterio ético es posible que exguerrilleros de las Farc estén en el Congreso mientras un expresidente de la República que los combatió tiene prisión domiciliaria? ¿Cómo justifica la justicia semejante diferencia ante la aplicación de la ley?

No se puede dar respuesta a estos interrogantes sin que el país siga sin diferenciar la justicia ordinaria de la transicional, como tampoco se puede hacerlo si no se abordan las discusiones públicas con mesura y apertura a la verdad. La JEP se creó para generar un escenario de justicia y transición hacia la paz después de la existencia de un conflicto armado; este mecanismo no funciona sólo para miembros de las Farc, sino también para personas de la Fuerza Pública y Agentes del Estado que hayan cometido delitos directamente relacionados con el conflicto. Ahora, el proceso contra Álvaro Uribe Vélez no tiene, en principio, relación con el contexto de la JEP, por lo tanto su situación deberá ventilarse ante la justicia ordinaria bajo las leyes aplicables para esta jurisdicción.

Finalmente, es preocupante que se despliegue toda una serie de tácticas políticas como estrategia de litigio para presionar a la justicia. Ante esto, más que declarar que las acusaciones que pesan en su contra son obra de la izquierda internacional radical, el expresidente debería, como un hombre de ley, defenderse respondiendo concretamente a las acusaciones penales que recaen en su contra. No podemos vivir indefinidamente en un país polarizado que no piensa en cosa diferente que en las disputas de un expresidente, la eterna guerrilla y la discusión anacrónica de la Guerra Fría; el desarrollo del país está en otro lado, bastante lejos de esto.

@tatidangond

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