Se anuncia la subida del combustible, se quiere reformar el sistema de salud, se propone financiar una nueva política pensional para que adultos mayores que no tengan pensión puedan recibir 500.000 pesos mensuales, y se conoce -sin más desarrollo- que se les dará a los jóvenes 800.000 pesos por no delinquir. El gobierno pasó de tener un primer mes donde poco se hacía, a anunciar en una semana toda una serie de cambios a la vez, que difícilmente pueden procesarse o debatirse por los ciudadanos cuando se quiere reformar al tiempo gran parte del funcionamiento del Estado colombiano. Ahora, mientras todos estos anuncios se dan, se debate la reforma tributaria y se desconoce todavía cuáles serán las medidas concretas de la tan anunciada reforma agraria.

El problema de todo esto no son las reformas que se quieren hacer o las medidas que se están adoptando -muchas de las cuales tienen bastante sentido y corresponden a la consolidación de un Estado Social de Derecho-, sino al estrés social y económico que están generando tantos anuncios a la vez, algunos mal explicados y otros comunicados a medias. Entonces, una decisión muy importante que busca beneficiar a millones de adultos mayores a través de un bono pensional termina reduciéndose -por una mala comunicación- a una noticia que entre letras pareciera decir que el dinero ahorrado por los colombianos en los fondos privados de pensión será utilizado para financiar la ampliación de este programa social. Si en Colombia 18 millones de personas cotizan mediante el régimen de ahorro individual administrado por las AFP, imaginen la angustia y el desincentivo que genera para estas personas que estos anuncios se hagan sin mayor explicación o desconociendo que la complejidad del sistema que proponen no ha sido bien expuesta para los ciudadanos que son expertos en el tema.

El asunto acá es que quienes están en el gobierno aún no entienden que el deber de comunicar bien las ideas, los programas, las reformas o los planes que se quieren formular e implementar está en cabeza de ellos y que no es la obligación de los ciudadanos tener que descifrar qué es lo que quieren o pretenden decir las personas que dirigen el ejecutivo. Ahora, si bien está claro que hay personas, medios de comunicación y políticos que aprovechan estas fallas para titular de forma irresponsable ciertas medidas, lo cierto es que si este gobierno quiere que el país no viva en una zozobra mediática todo el día, debería empezar por controlar la forma desaforada en la que están haciendo todas sus comunicaciones.

@tatidangond