Relatividad infundada
Como esta realidad no tiene ni tendrá una solución mágica o inmediata, se ha generado de facto una importancia relativa de la vida en Colombia; si vives en las ciudades tu vida de cara al conflicto armado tiene más relevancia y si vives en zonas rurales tu vida se puede convertir en el número de víctimas que anualmente reportan los organismos internacionales cuando se alarman por la situación del país. Esto no puede ni debe seguir pasando y el gobierno de Gustavo Petro, si valora la vida y el campo como lo dice, debe centrarse en proteger a las personas independientemente del lugar en el que se encuentren o de la negociación que decida adelantar con estos grupos.
La lógica retorcida que tienen las bandas criminales y los grupos armados para negociar beneficios ante la justicia, utilizando la violencia para presionar un eventual acuerdo, pone en peligro la vida de cientos de policías y civiles en los territorios donde estos grupos tienen mayor control territorial. Con estrategias criminales como el plan pistola y el paro armado que afectarían barrios en Medellín, zonas rurales en Córdoba y el Urabá antioqueño, estos grupos buscan un “sometimiento exprés” a la justicia con el objetivo de evadir extradiciones y llegar a un acuerdo con el gobierno entrante de Gustavo Petro.
Este no es un escenario nuevo para Colombia que infortunadamente siempre ha tenido que enfrentar la violencia como forma de negociación efectiva de estos grupos; los cuales han concebido que el único medio para poder lograr perdones judiciales o evitar extradiciones, es extorsionando al Estado para conseguir lo que quieren. No es un secreto que muchos grupo al margen de la ley tienen los recursos militares, económicos y territoriales para hacerlo.
Ahora, que en más de 60 años de conflicto armado Colombia no pueda vivir en paz y la violencia sistemática siga presente dentro de los territorios, debe dejar unas lecciones tanto éticas como pragmáticas sobre cuál debe ser el camino hacia un verdadero Estado de derecho. Desde lo ético y lo legal, no hay ningún fundamento para seguir negociando en medio de la violencia; desde lo pragmático, ha quedado claro que llegar a acuerdos judiciales con las cúpulas de los grupos armados no es suficiente para lograr la paz, como tampoco lo ha sido la política de seguridad democrática en sus diferentes versiones.
En Colombia la visión sobre la importancia de la vida se ha flexibilizado tanto que incluso connotados intelectuales justificaron la violencia dándole legitimidad a partir de la causa bajo la cual esta se amparara. También, se han adelantado procesos de paz sin que haya un cese real de hostilidades con grupos como las Farc, porque en su momento el país entendió que era necesario sacrificar ciertos principios a cambio de lograr un acuerdo con el grupo guerrillero que ha sido considerado como el más longevo del mundo. Entre la realidad y el cinismo, el país ha tenido que tomar decisiones numéricas con la vida de las personas, tolerando implícitamente actos de violencia sistemática contra civiles e integrantes de la Fuerza Pública, a cambio de que en el futuro se pierdan menos vidas por cuenta del conflicto.
Como esta realidad no tiene ni tendrá una solución mágica o inmediata, se ha generado de facto una importancia relativa de la vida en Colombia; si vives en las ciudades tu vida de cara al conflicto armado tiene más relevancia y si vives en zonas rurales tu vida se puede convertir en el número de víctimas que anualmente reportan los organismos internacionales cuando se alarman por la situación del país. Esto no puede ni debe seguir pasando y el gobierno de Gustavo Petro, si valora la vida y el campo como lo dice, debe centrarse en proteger a las personas independientemente del lugar en el que se encuentren o de la negociación que decida adelantar con estos grupos.
@tatidangond
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