Reforma al bolsillo
El país que nos quedó con la covid-19 es una Colombia empobrecida, desempleada y cuyas finanzas públicas están en jaque.
No estoy siendo fatalista, de hecho, esta es la forma más sutil de referir la situación que muchos enfrentan en sus casas. Frente a esta realidad, la propuesta de una reforma tributaria, o como lo denomina el gobierno de Solidaridad Sostenible, le sienta muy mal a los bolsillos colombianos que no solo han tenido que sufrir las pérdidas económicas derivadas de la pandemia, sino que ahora tendrán que enfrentarse a cargas tributarias en las que por respirar cobran.
Si estamos de acuerdo en algo es en que Colombia necesita una fuerte reforma social en sus programas de subsidios como Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, toda vez que actualmente se estima que el 60% de estos subsidios terminan en las manos equivocadas. Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el gobierno que busca generar los ingresos para financiar un nuevo programa social con mayor cobertura tiene muchas disposiciones que resultan contraproducentes para la competitividad y el desarrollo del país.
En la propuesta presentada por el gobierno hay una disposición que le pega directamente al desarrollo económico de la Costa y a las familias, esta es, la idea de gravar con el IVA los servicios públicos. Si por las condiciones climáticas de la región siempre ha sido más caro vivir o invertir en un negocio en la Costa, sumarle 19 % del IVA al servicio de energía eléctrica sería un error gravísimo para el progreso de la región Caribe, pues se afectaría notablemente con un gravamen de esta índole.
Por otro lado, se pretende aprobar una reforma que incluye normas regresivas en materia de seguridad social y que de aprobarse tendría que ser demandada ante la Corte Constitucional, por ser contraria a los derechos humanos, en especial a los derechos económicos, sociales y culturales. En concreto, gravar las pensiones de los colombianos es una medida regresiva en materia de derechos económicos, lo que además de ir en contra de una vejez digna y del principio de progresividad de los derechos es contraria a la Constitución Política de Colombia.
Entre las múltiples medidas que se quieren implementar resulta lamentable que se pretenda cambiar a los insumos de gestión menstrual de exentos de IVA para incluirlos en la categoría de excluidos de IVA, lo que encarece el proceso de producción de estos y que repercute directamente en la economía de las mujeres, que es el género más afectado por la crisis económica actual.
Es entendible que el gobierno esté buscando alternativas para financiar planes sociales de mayor cobertura y más ambiciosos que permitan que millones de colombianos salgan de la pobreza multidimensional, pero lo cierto es que la manera en la que está planteada la reforma merece una seria discusión nacional por lo que se espera que en el Congreso se den los debates que estén a la altura y conformes con la coyuntura actual.
@tatidangond
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