El éxito de la marcha del próximo jueves 21 de noviembre estará ligada a dos factores fundamentales: que queden claras las peticiones al gobierno y que las manifestaciones se den de forma pacífica. Este paro nacional que ha logrado convocar desde artistas hasta sindicatos tenía como objetivo rechazar una posible reforma laboral que sería presentada por el Gobierno nacional, sin embargo, muchos de quienes participan manifiestan que su interés está relacionado con diferentes medidas adoptadas por este. Entre las causas figuran el rechazo por el homicidio de los niños y niñas reclutados, el asesinato de líderes sociales en todo el país, la ley de financiamiento y, en general, la insatisfacción del pueblo colombiano por el desempleo y la violencia.
Aunque una manifestación de rechazo al panorama que enfrenta Colombia es absolutamente legítima, lo cierto es que para lograr que la protesta social se traduzca en realidades se debe establecer una línea clara de diálogo en la cual puedan participar diferentes actores y concretar planes de acción para que estas peticiones puedan ser implementadas. Para que esto pueda darse, tanto el gobierno como el partido político por el cual se eligió deberán adoptar una posición de apertura, de respeto a la protesta y garantía de los derechos de los manifestantes porque de lo contrario no solo se estaría estigmatizando una causa ciudadana legítima sino el Estado social y democrático de derecho.
Ahora, si bien es cierto que esta manifestación se enmarca dentro de un movimiento cívico que se refleja en Latinoamérica - por lo menos en Ecuador, Bolivia y Chile-, los asuntos que enfrenta Colombia corresponden a una agenda social muy puntual que tiene relación con temas que abordan desde los derechos humanos hasta la realidad política del país.
A esto, como se advierte al inicio de la columna, se debe sumar la necesidad de que las protestas se den de forma pacífica. Está claro que la garantía de la seguridad y el mantenimiento del orden público está en cabeza del Estado y no se puede trasladar esa obligación a quienes convocan la marcha o a quienes participan pacíficamente, no obstante, basados en las experiencias previas de protestas en las que se han infiltrado encapuchados que buscan sabotear los propósitos de los manifestantes, será necesario que todos quienes participen en el 21N tengan presente la necesidad de señalar y denunciar a aquellos que cometan actos delictivos durante esta jornada.
Los gobiernos latinoamericanos tienen que entrar en sintonía con las necesidades de sus pueblos y las nuevas formas de manifestarlas, no es sostenible para ningún país que se siga gobernando con las mismas estrategias de hace más de una década cuando la ciudadanía ha cambiado y evolucionado en sus exigencias legítimas.
@tatidangond
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