La desigualdad de género en la participación política en Colombia sigue siendo una constante, pues a pesar de los notables avances que ha tenido el país en esta materia, en las pasadas elecciones legislativas solo la lista de Estamos Listas tuvo una participación mayoritaria de mujeres, mientras los demás partidos ni siquiera se esforzaron por lograr una participación paritaria.

Quedó probado en estas elecciones que en Colombia, más allá de la exigencia social para que haya mayor participación de mujeres en los cargos de elección democrática, la única forma de hacerlo una realidad es a través de una exigencia legal. La reforma al Código Electoral, que acaba de ser declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional, debido a vicios de procedimiento en el trámite de la ley estatutaria, daba un paso importante a un país con una participación política paritaria. 

Está claro que la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, debió declarar la inconstitucionalidad de la reforma si en su proceso de adopción el Congreso no cumplió con las reglas del juego para aprobarla en debida forma. Dentro de los efectos lesivos para la democracia que deja la caída de lo que sería un nuevo Código Electoral, son las iniciativas que habrían podido transformar la política colombiana desde una visión de género. El cambio que habría impulsado no solo sería numérico, obligando a los partidos a postular listas donde hubiera una participación del 50% de mujeres, sino que esta reforma contemplaba sanciones y herramientas para contrarrestar algunas de las barreras que enfrentan las mujeres en política. Barreras que no son pocas, que han menoscabado la posibilidad de que las mujeres tengan un espacio, voto y voz  en la toma de decisiones a lo largo y ancho del país. 

En Colombia, las mujeres enfrentan un sinnúmero de inequidades que se hacen aún más ostensibles cuando quieren participar en espacios públicos y tener una carrera política con incidencia en los diferentes niveles territoriales. Esto es el resultado de una sociedad donde por décadas se mantuvo una opresión sistemática sobre las mujeres y donde se señalaba a aquellas que se atrevían a compartir su opinión dentro o fuera del núcleo familiar. La reforma al Código Electoral establecía disposiciones para sancionar la violencia política en contra de la mujer, que a pesar de ser una constante en las regiones ha sido una realidad ampliamente ignorada por el ordenamiento jurídico colombiano. 

Increíble sería vivir en un país donde los partidos políticos trabajaran por el reconocimiento de los liderazgos femeninos y donde la ley no tuviera que ser intermediaria en lo que es un derecho y no un capricho, como la participación paritaria en las listas al Congreso, a la Asamblea y al Concejo. Pero, muy a nuestro pesar, los partidos se mueven por otros intereses, dentro de ellos garantizar a perpetuidad su tajada burocrática. 

Esperemos el nuevo Congreso logré tramitar, esta vez en debida forma, una reforma electoral donde las mujeres tengan más garantías y menos barreras para participar en política. 

@tatidangond