El 26 de marzo de 2018 el grupo armado residual Frente Oliver Sinisterra secuestró al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra, todos trabajaban en el diario El Comercio de Ecuador. Estuvimos al tanto de la noticia y de su desgarrador desenlace, pero al día de hoy todavía no conocemos cómo va la investigación del asesinato de los periodistas, menos aún la verdad de lo sucedido en una de las zonas fronterizas más complejas por tener uno de los mayores números de cultivo de coca en el país.

Los cuerpos de quienes conformaban el equipo periodístico fueron hallados 89 días después del secuestro, en dos fosas junto a un cuerpo adicional no identificado. Estos hechos perpetrados por el grupo de alias Guacho aún siguen sin esclarecerse, sin que se garantice para sus familiares el derecho a saber qué pasó, qué pasó con los periodistas secuestrados durante los días de cautiverio y cuál fue el motivo que determinó su asesinato y no su liberación. Lo cierto es que el país se encuentra paralizado o anestesiado, el sentimiento de pedir justicia por los crímenes que se siguen cometiendo parece haberse suspendido en la sociedad colombiana, como si después del proceso de paz lo único que quedara fuera la resignación o la desidia.

La desmovilización de las Farc ha llevado a un proceso de justicia transicional en Colombia que va en marcha y que debe seguir su camino con el apoyo institucional que sea necesario, pero esto no puede llevar a los ciudadanos a creer que en el país no hay más grupos armados, que no hay criminalidad organizada y que no se sigue atentando contra los derechos de personas que, a pesar de tener especial protección por su situación de vulnerabilidad, siguen siendo víctimas directas del narcotráfico y la violencia organizada. Ya hemos visto cómo la violencia en contra de los líderes sociales ha socavado el concepto de dignidad humana en el país, dejando en absoluta impunidad y olvido los hechos que atentan contra la vida y la democracia. No podemos seguir viviendo en una burbuja en la que esperamos que el gobierno en 100 días cambie todo o que incluso lo haga en cuatro años, cuando no solo se necesita acabar con la inercia estatal sino reactivar las sinergias de la sociedad civil para cuestionar qué pasa en el país, dónde está la justicia ordinaria y en qué van las investigaciones por hechos que atentan contra los derechos humanos y las garantías a la libertad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha hecho un gran trabajo en el seguimiento del secuestro y asesinato a los periodistas de El Comercio, a través del proyecto de Frontera Cautiva. Vale la pena conocer la información que tiene y ojalá esto pueda llevar a una claridad sobre los hechos ocurridos.

@tatidangond