Columnas de opinión
Actualizado hace 5 meses

Oposición y ley

En el último mes se han tomado dos decisiones que afectan la participación de líderes representativos en la democracia colombiana que cuestionan desde lo legal su legitimidad para tener asiento en el Congreso de la República. 

Frente a la decisión del Consejo de Estado que deja sin efectos la elección de Antanas Mockus como senador escribí mi última columna, hablando sobre el respeto a las instituciones y su importancia para la solidez de la democracia; ahora, frente a la decisión que deja sin curul a Ángela María Robledo, debemos hablar también de la relevancia que tiene el ejercicio de oposición para un sistema político que le apuesta al multipartidismo, a la participación y a todos los demás componentes esenciales de toda democracia. 

En Colombia cada vez que se quiere generar un cambio se adopta una reforma y se modifican constantemente normas que al final en su aplicación no logran tener coherencia entre sí, llevando a que en muchas ocasiones cuando se interpretan las leyes se incurra en contradicciones frente a la finalidad con la que fueron concebidas. 

En el caso del Estatuto de la Oposición, se establece una garantía constitucional para que quienes por votación representan la oposición puedan ejercer control político y participar en el debate público, un atributo que es propio del ejercicio democrático. La decisión que se toma en el caso de Ángela María Robledo, no se cuestiona por las bases legales sobre las que se funda, sino por la incoherencia que tiene nuestro sistema político en cuanto al ejercicio de oposición ya que las garantías deberían ser propias de este. 

¿Implicaría el ejercicio de oposición que el régimen electoral se deba flexibilizar a favor de su ejercicio? Por supuesto que no. Pero, lo que sí debe haber es una normativa clara y armónica que le dé seguridad jurídica a los contendores políticos y a la ciudadanía, que al final es la principal afectada al perder su representación dentro de los órganos políticos de deliberación. 

Por otra parte, quienes nos representan y participan en las diferentes elecciones populares en el orden nacional y territorial deben comprometerse con total apego a la normativa electoral, porque de lo contrario los defraudados resultan ser los ciudadanos que votaron a favor de un programa, ideas o ideologías. 

En el país –si nos apartamos de quienes son elegidos por maquinaria– hay una relación muy estrecha entre los electores y los candidatos, vínculo que supera a los partidos políticos y que tiene que ver con la confianza depositada en un líder. Aunque esta dinámica no es sana por los personalismos que genera, es la realidad y en este momento muchos ciudadanos sienten que pierden a grandes representantes de sus intereses e ideas. 

@tatidangond 

 

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