El Heraldo
Opinión

No es hora de callar

El caso de Jineth Bedoya ha dejado en evidencia que el Estado colombiano lejos de reconocer a las víctimas de la violencia sexual, es un aliado de los victimarios y un cómplice en la sistematicidad de estos hechos. 

Esta semana en audiencia pública virtual ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CorteIDH), Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violación, dio a conocer ante la sociedad internacional los hechos de violencia, impunidad y revictimización que se han presentado en su caso. Los hechos revelados por la periodista muestran con claridad cómo durante los últimos 20 años el Estado ha sido negligente a la hora de investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los crímenes perpetrados en su contra. 

Entre las aseveraciones que planteó en su declaración, Jineth Bedoya sostiene que el fiscal que llevaba su caso le pedía a ella que adelantara la investigación y le hiciera el trabajo al ente investigador. Asimismo, dio a conocer que entre los autores de los crímenes de los que fue víctima, se señaló en una audiencia de Justicia y Paz la participación de un general de la Policía Nacional, frente al cual nunca se han adelantado las investigaciones necesarias para determinar su responsabilidad en los hechos. Todo lo narrado por la periodista, da cuenta de que el Estado colombiano no solo les ha dado la espalda a las mujeres víctimas de violencia sexual, fuera o dentro del conflicto armado, sino que ha creado un aparato institucional cómplice de la violencia, en el que la impunidad lejos de ser un asunto aleatorio, es la excusa para proteger a perpetradores de violencia que ostentan poder político y militar. 

Lo que ha tenido que vivir Jineth Bedoya en la búsqueda de justicia ha sido una barbarie, se ha tenido que enfrentar a todo tipo de amenazas e interceptaciones, al punto de que una de sus fuentes sobre los responsables de su caso, fue asesinada después de haber sostenido una reunión con ella. La realidad que narró Jineth Bedoya hace parte de un patrón de violencia al que las mujeres periodistas se tienen que enfrentar día a día en el país, sin contar con las garantías necesarias para el ejercicio de sus libertades o con garantías mínimas de justicia ante las agresiones sexuales. 

El Estado ha fallado en todo momento, desde el día en que Jineth Bedoya fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo en Bogotá un 25 de mayo del 2000 frente a una patrulla de la Policía, hasta el 16 de marzo de 2021 ante CorteIDH cuando los representantes del Estado anuncian su salida de la audiencia en la que se estaba dando a conocer el caso. El caso de Jineth Bedoya deberá terminar en una sentencia de la CorteIDH en la que se reconozca la responsabilidad del Estado y en el que ojalá, se tenga en cuenta la petición de la víctima de cerrar uno de los más crueles centros penitenciarios del mundo, la cárcel La Modelo. 

@tatidangond 

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