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Opinión

Ni un atisbo de democracia

El gobierno colombiano ha elevado una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se cuestiona si la relección indefinida puede considerarse un derecho humano, interrogante que se enmarca dentro de la situación crítica que se presenta en Bolivia, Estado en el cual su presidente argumenta que es su derecho participar en las elecciones presidenciales a pesar de que constitucionalmente no podría reelegirse para un cuarto periodo consecutivo. Este tema, que es objeto de discusión por las elecciones en Bolivia y la equivocada interpretación que se pretende hacer de los derechos humanos, se puede resolver a partir del análisis de la jurisprudencia y la doctrina relacionada con la democracia como un derecho humano tutelado en diferentes instrumentos del Derecho Internacional Público.

Bajo este entendido, la democracia es un derecho protegido en el sistema interamericano, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Democrática Interamericana, en la cual se establece que este sistema político tiene una estrecha relación con las libertades y garantías fundamentales de las personas. Ahora, las dictaduras y las rupturas al orden democrático suponen sanciones establecidas en el sistema interamericano, siempre que este tiene por pilar fundamental el respeto y garantía de los derechos humanos, siendo la columna vertebral de estos la vigencia de un sistema donde la democracia y el Estado de Derecho sean una realidad.

La izquierda latinoamericana, alimentada por errores históricos del neoliberalismo, ha tomado el discurso de los derechos humanos para satisfacer sus ansias de perpetuidad en el poder, irrespetando sin ningún pudor el régimen constitucional y legal de los Estados, bien a través de reformas constitucionales carentes de legitimidad, tomando control sobre la independencia e imparcialidad de la justicia o mediante acciones que constituyen graves infracciones a la democracia y los derechos. 

Aunque esto pueda resultar obvio para algunos, vale la pena reiterar que ningún discurso por mucho que intente ampararse en luchas sociales o falencias de la economía de mercado, tendrá legitimidad para transgredir las reglas del sistema político, más aún cuando este constituye en sí un derecho de las personas y los pueblos americanos. El primer paso para que la violación de derechos humanos se sistematice y generalice es la existencia de un régimen en el cual no hay un control ni de la justicia ni de la sociedad sobre las actuaciones del gobierno, y al hablar de estos derechos no solo se incluyen los derechos políticos, sino también los económicos, sociales y culturales –mal llamados derechos de segunda generación–, ambas categorías diferenciadas por una visión política y no humanista, se ven igualmente afectadas con reelecciones indefinidas que desdibujan cualquier atisbo de democracia. 

Prueba de ello es aquello que empezó con Chávez y que no termina con Maduro.

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