La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido objeto de una campaña de desprestigio tanto a nivel institucional como en las redes sociales; una estrategia que busca deslegitimar los procesos que se adelantan ante la justicia transicional con una finalidad política de quienes han estado al frente de la oposición en la implementación de los Acuerdos de Paz. Se debe partir de la idea central que en cualquier democracia el ejercicio de oposición es una garantía que le asiste a los partidos y movimientos políticos, garantía sin la cual el ejercicio democrático se vería invalidado como sistema y como derecho humano. Ahora, vale la pena preguntarse hasta qué punto hacer oposición a una decisión como el Acuerdo de Paz, avala dentro de la ética política la tergiversación de información y el uso de artimañas en redes sociales para conseguir un objetivo político.
En el último año diferentes líderes del Centro Democrático en cabeza del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, han manifestado que dentro de su agenda está la intención de reformar la JEP, propuesta que se cae por su propio peso toda vez que este mecanismo de justicia transicional cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a nivel constitucional con el blindaje que le da el acto legislativo 2 de 2017. Partiendo de esta realidad, esto es, que la JEP no es susceptible de reformas, resta concluir que el senador Uribe ante la imposibilidad de modificarla, le queda la estrategia de buscar la deslegitimación política y social de este sistema.
Según un reciente estudio realizado por el equipo de Colombia 2020 de El Espectador y la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, de 35.751 datos analizados en los últimos meses, se encontró que se ha orquestado en twitter una campaña de desinformación contra la JEP. Según los hallazgos que arrojó esta investigación, esta campaña se ha desplegado mediante el uso de información tergiversada sobre la JEP y de cuentas automatizadas en la red social que buscan darle mayor alcance a estos mensajes falsos. Esta investigación también mostró que un alto porcentaje de los tuits compartidos con desinformación sobre la JEP, venían de cuentas de figuras políticas vinculadas al Centro Democrático.
¿Todo se vale cuando se habla de oposición? Esto definitivamente no, pues al no fundarse en hechos reales busca intencionalmente engañar a la sociedad para obtener beneficios electorales y políticos basándose en una irrealidad. Debemos hablar de los retos que tiene la JEP y de cómo este sistema puede generar cambios en la forma de entender la justicia en Colombia y construir un país desde la verdad. Basta ver las cifras para comprender su importancia: actualmente hay 12.540 personas sometidas a la JEP, de las cuales 9.742 son de las Farc, 2.686 de la Fuerza Pública y 100 agentes del Estado. La información de fuentes confiables es una garantía para la democracia, las campañas de desinformación el cáncer de esta.
@tatidangond
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