De las recientes multas aplicadas a ciudadanos que trabajan en el comercio informal y que se encuentran establecidas en el Código de Policía, salta a la vista una inmensa desconexión entre las disposiciones legales, la realidad social y económica del país. En una economía en la que la informalidad es el pan de cada día, donde las oportunidades de empleo y de formalización son sumamente limitadas, es una contradicción y un error promover normas que sancionan conductas para las cuales no se ha implementado con éxito estrategias hacia la formalización y generación de empleo. 

Ciertamente es deber de la Policía cumplir con las normas establecidas y de hacer lo contrario se estaría cometiendo una falta según sus obligaciones y deberes, no obstante, el problema va más allá de lo que pueden o no hacer las autoridades públicas y radica en el deber que tienen nuestros órganos de representación política, en especial el Congreso de la República, de reformar a tiempo disposiciones legales que bien pueden tener sentido en otros países o economías, pero que al ser aplicadas en Colombia solo generan pobreza y desigualdad. Aunado a todos los problemas sociales que conlleva la aplicación de estas sanciones, hay una realidad que indigna, con toda razón, a los ciudadanos, esto es que habiendo problemas de seguridad sumamente alarmantes en todo el territorio nacional, las autoridades se enfoquen en señalar conductas que han hecho parte de la cultura comercial de Colombia por décadas. 
La sanción por la compra de una empanada que ha despertado el rechazo de todo un país que acostumbra a comer y comprar cosas en las esquinas, demuestra que más allá de los problemas de informalidad que pueda tener el país, el asunto preocupante es la incoherencia en la imposición de medidas coercitivas que lejos de lograr sus propósito está deslegitimando la labor de la fuerza pública y su credibilidad. También es cierto que el trabajo es un derecho de las personas y que el Estado debe generar estrategias que garanticen su goce en el marco de la legalidad, para lo cual se deben implementar medidas que impulsen la economía y habiliten la actividad laboral en diferentes escalas.

En Colombia hay un gran problema en la formulación de política pública, siempre que se parte de ideas que no han sido objeto de estudio serio y que se toman de referentes de otros países que están lejos de compartir las realidades del nuestro. Lo más sano será que se genere un debate serio sobre cuáles son las medidas necesarias, justas y eficaces para contrarrestar la informalidad y en el entretanto se establezcan las modificaciones a la ley que sean pertinentes para evitar que este problema sea cada vez mayor. Lo primero será que el país genere escenarios sencillos, accesibles para los ciudadanos y prácticos, que permitan la formalización de las actividades comerciales y goce efectivo del derecho al trabajo, del cual poco se ha hablado en esta discusión. 

@tatidangond