En medio del caos que agobia al país, la polarización y el escepticismo frente a la justicia, Colombia tiene una oportunidad inmensa para fortalecer su sistema judicial desde lo nacional, apostarle a la justicia transicional, a la independencia e imparcialidad de las instituciones que conforman la Rama. La decisión adoptada por la JEP en el caso de Jesús Santrich y la posterior polémica que esta ha desatado da cuenta de la necesidad que tenemos como país de confiar en las instituciones de la justicia colombiana, de entender el Acuerdo de Paz y su alcance sin desdibujar las competencias propias de la justicia ordinaria. Por una parte, la justicia transicional debe mantener su imparcialidad en el estudio de estos casos, muy a pesar de las consecuencias políticas que de este tipo de decisiones se deriven: de lo contario, no solo la justicia transicional sino cualquier ejercicio serio de justicia se vería viciado al intentar responder a la favorabilidad pública y no al debido proceso, las pruebas y las leyes.
Parece ser una opinión con bastante fuerza que la decisión sobre la extradición de Santrich debilita la imagen de la justicia transicional y deteriora las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Lo cierto es que la labor de la justicia no puede medirse en términos de popularidad como tampoco para cuidar las relaciones internacionales, siendo esta última función del consorte del gobierno y de sus delegados para las relaciones exteriores. Valdría la pena, en cualquier caso, que siendo esta una decisión que ha causado tanto impacto sobre la ciudadanía, tanto los medios como los mismos integrantes de la JEP logren hacer una socialización de las razones de hecho y de derecho que llevaron a la toma de esta decisión. Es cierto, los jueces se pronuncian a través de sus sentencias, pero también es una realidad que el país necesita creer en sus instituciones, confiar en que no habrá impunidad y que este tipo de determinaciones se dan precisamente en interés de la justicia.
En las redes abundan cientos de noticias que lejos de ser veraces o de medios de comunicación confiables, buscan generar zozobra en la sociedad, polarización y enfrentamientos políticos. Como país debemos entender que existen mecanismos formales y legales que habilitan el debate jurídico en contra de decisiones judiciales, por lo que si se considera que hay razones por las cuales esta decisión no responde al derecho o no tuvo en cuenta los hechos y pruebas, se debe acudir, como lo hizo la Procuraduría, a los mecanismos establecidos en el marco especial creado para este tribunal.
@tatidangond
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