El informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, da cuenta de los grandes problemas que enfrenta el país en esta materia, siendo el más preocupante la situación de los defensores de derechos humanos. En el reporte, se resalta el notable crecimiento en el número de asesinatos de líderes y defensores, exhortando al Estado colombiano a fortalecer las garantías para que la labor de defensa de derechos humanos se proteja institucionalmente, y que estas medidas logren ser implementadas efectivamente en los territorios. Durante el último año la opinión pública, las ONG presentes en el país, así como los informes de diferentes organismos y organizaciones, dejan en evidencia que a pesar de que las alertas frente a la vulneración masiva y sistemática de los defensores han sido reiteradas, las medidas adoptadas hasta al momento no dan cuenta de un avance significativo en la garantía efectiva de sus derechos. 

Frente a esto, cabe resaltar que en el Acuerdo de Paz con las Farc, uno los compromisos del Estado colombiano fue la adopción de medidas y garantías que buscaran la protección de líderes en los territorios, por lo que además de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el país, es uno de los puntos clave para que pueda consolidarse una paz territorial. El Estado debe reconocer que los líderes y defensores en Colombia son un grupo de especial protección por la razones históricas y actuales que han derivado en un desconocimiento de sus libertades, garantías y derecho, para entender la relevancia y la importancia de adoptar las medidas necesarias. Aunado a lo anterior, el gobierno debe entender que lo establecido en el Acuerdo del Teatro Colón supera a las Farc, estableciendo medidas que buscan resolver problemas estructurales de Colombia, que de una u otra forma deben ser atendidos de forma urgente y prioritaria. 

El informe de la Acnudh que se ha conocido recientemente, además advierte otros asuntos que deben ser tenidos en cuenta por el gobierno, en tanto es fundamental avanzar en la implementación de políticas públicas que han sido positivamente formuladas pero que aún logrado materializarse como es debido, esto es, buscando el goce efectivo de derechos humanos en los diferentes sectores, regiones y grupos poblacionales del país. Dentro de las principales recomendaciones es la necesidad de que se respeten los puntos acordados con las Farc, su participación política, como también la exigencia de que reparen a las víctimas y los crímenes cometidos por este grupo no queden en la impunidad. Y dentro de todo lo anterior, resalta la importancia del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte del Eln, un actor armado que sigue generando violencia en el país. 

@tatidangond