La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de reformar nuestro sistema judicial pone de presente que el problema de Colombia no son las facultades y competencias atribuidas a las altas cortes, sino la dificultad de diferentes posturas políticas de respetarlas sin peros infundados.
Las decisiones que se adoptan en el marco de la independencia y la imparcialidad a la que están obligados los operadores judiciales deben ser respetadas en tanto suponen las bases de un Estado sólido que busca la seguridad jurídica. Ese respeto va más allá del acatamiento de las decisiones e implica un compromiso de no deslegitimar desde los discursos la función que desarrollan nuestros jueces amparados en la Constitución Política.
Ahora, muchos sostienen que la idea de convocar una constituyente no se traduce en un desconocimiento de las facultades actuales que le han sido atribuidas a las cortes por la Constitución, sino un desacuerdo en el alcance que se le ha dado a esas competencias. Lo cierto es que sin esas competencias Colombia jamás habría podido superar debates jurídicos de gran trascendencia en el país, así como consolidar el goce efectivo de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política. La jurisprudencia de las altas cortes en las últimas dos décadas ha llenado de contenido derechos colectivos e individuales que sin su intervención a través de los mecanismos de protección no tendrían amparo ni garantía real y efectiva. Los casos son claros y es importante resaltarlos ante la politización que se genera en torno a la constituyente. Las sentencias estructurales adoptadas por la Corte Constitucional han permitido el amparo de grupos de especial protección que históricamente han sido invisibilizados en Colombia, exhortando a las diferentes instituciones del Estado a la adopción de medidas a favor sus derechos, tal es el caso de la población desplazada, de las personas privadas de la libertad sometidas al hacinamiento carcelario o del acceso al derecho a la salud.
Decisiones sobre los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTB, de las personas en situación de discapacidad, sobre el medio ambiente y sobre temas que del núcleo duro de la dignidad humana han marcado la diferencia entre nuestro país y muchos otros de Latinoamérica. Los recientes cuestionamientos sobre la decisión sobre la libertad de Jesús Santrich por parte de la Corte Suprema de Justicia y la decisión adoptada por la Corte Constitucional frente objeciones a la ley estatutaria de la JEP, no deben convertirse en un escenario de desconfianza ante nuestras instituciones.
Ninguna decisión o reforma que busque restarle independencia a la justicia colombiana debería ser bienvenida, pues es precisamente lo que nos ha permitido ante constantes ataques a la democracia que nuestras instituciones sigan vigentes. La función de nuestras cortes es reconocida por múltiples sistemas de justicia como un referente de progreso y ejercicio efectivo de justicia, no seamos nosotros quien desconozcamos lo que hemos logrado consolidar.
@tatidangond
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