En el mes de abril la economía colombiana decreció un 20%, el FMI acaba de ajustar su pronóstico de -2% a -7.8%. Después de este calamitoso declive, se requiere un estímulo contra-cíclico de demanda. El reto es que no hay plata. El generoso recorte de impuestos al final del 2019, dejó al país sin recursos. Incluso antes del COVID-19 estaba en duda el grado de inversión, limitando la posibilidad de financiar mayor gasto con deuda. Ya no es solo si queremos, es si nos prestan, pues la deuda sobre PIB está en 63,8%. Otra opción más costo-eficiente es lograr adelantar la ejecución prevista en el marco fiscal. Si se toma esa opción, es con obras de infraestructura que se tendría el mayor impacto.

Las 4G ocupan un inmenso espacio fiscal de 90 billones, sólo en los próximos dos años serán 9,5 billones, y su ejecución ya está prevista, acelerar no tiene impacto presupuestal. Sin construcción, el 3,3% de crecimiento registrado en 2019 seria 1,1% menor; la construcción de carreteras durante ese periodo creció 11%. Cada billón que se logre adelantar crea 27.000 empleos y 0,13% de crecimiento. Dejar avanzar la doble calzada Pasto-Rumichaca, convirtió a la concesión en el principal empleador de Nariño.

En los temas de licenciamiento, el esmero de la ANI para agilizar 13 proyectos con bajo progreso significó que en 18 meses el avance de obra pasara de 23,2% a 54,3%, logrando 5 billones más de inversión. Facilitaron trámites de consulta previa, licencia ambiental, permiso de arqueología, y orden público. Deberíamos estar obsesionados con el Director de la ANI y ver qué necesita, su gestión es clave para la estabilidad económica del país. Seis proyectos 4G que siguen estancados podrían significar 6,15 billones adicionales de inversión.

Para lograr más se requiere pasar por tribunales de arbitramento, que en promedio se demoran 8 meses. Si los tribunales trabajaran al ritmo de la Contraloría, un equipo permanente de reactivación podría tomar decisiones en un mes. Se podría explorar con rigor, irrigar los proyectos de liquidez reduciendo el alcance de unidades funcionales o calcular los beneficios de entrega temprana y ofrecer un incentivo si se logra. Por ejemplo, Bogotá-Girardot disminuye 22 minutos el tiempo de trayecto y costos operativos en un 10%. El país necesita más empleo y crecimiento ya, no dentro de 24 meses.

Si se lograra acelerar la ejecución, se podría potencializar extendiendo de manera temporal el beneficio de obras por impuestos a las 4G. Los 27 grandes frente de obra están por toda Colombia, por ejemplo, si se hace Mar 2, se podría solucionar las vías terciarias de Urabá. Inclusive, si se permitiera obra por impuestos de terceros, empresas y gobiernos locales podrían aumentar el alcance. Respetando el cupo fiscal de la paz, sobre 44 billones de Capex con utilidad del 14%, el potencial es obra adicional por 6,16 billones. Recientemente, el Presidente del Congreso y el gobierno usaron el instrumento para viabilizar los 1,5 billones del Canal del Dique.

La demanda externa no existe y esperar la vacuna es arriesgado. No estamos en el segundo round de doce, nos acaban de knockear. Se necesita un estímulo Keynesiano para pararnos. Las 4G ya están en pica y pala, acelerarlas tiene todo el sentido.