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Opinión

¿Sí o no y cuánto?

Hablemos de impuestos. Comenzando con los nacionales. Y vamos por partes. En primer lugar, el Estado colombiano recauda menos en proporción al PIB que el promedio de los países de nuestro hemisferio y mucho menos que los países desarrollados. Entre todos pagamos menos.

En segundo lugar, aquí el gobierno se queda con una proporción más alta de las utilidades de las empresas que pagan que en esos otros países. Los pocos que pagamos, pagamos más. En tercer lugar, las personas jurídicas, es decir las empresas, pagan más que las personas naturales, es decir que sus dueños, y en general que quienes ejercen profesiones liberales. A la economía le conviene que las empresas paguen menos y que sus socios paguen más, para que las primeras reinviertan más, aunque los segundos gasten menos. Sin embargo, la propuesta del ministro Carrasquilla el año pasado de crear una base de datos de los ricos, fue incomprendida, tergiversada y rechazada; aunque algo se avanzó en la dirección correcta en la ley de financiamiento. En cuarto lugar, el gobierno nacional recauda y se queda con la parte del león de la torta fiscal de la nación, mientras los municipios y especialmente los departamentos sufren de asfixia fiscal. Y finalmente, la nación distribuye a los entes territoriales una tajada importante a través del Sistema General de Participaciones, pero lo hace con desdén y ya en dos ocasiones ha recortado lo que constitucionalmente era de ellos.

Así llegamos a la otra orilla, donde para desfacer esos entuertos y atender muchas carencias, los departamentos y municipios, sin mucho conocimiento tributario o con poco aprecio por su impacto en las empresas, inventan toda suerte de impuestos, concesiones, sobretasas y estampillas que muchas veces atropellan la legalidad, anarquizan el manejo contable y deterioran la competitividad. Enhorabuena la semana pasada el gobierno invitó a una docena de estudiosos para que, acompañados de representantes de los municipios y departamentos, aborden este álgido tema. Entre ellos, Hernando José Gómez reconoce que “hay que lograr que las gobernaciones tengan más fuentes de ingresos”. Juan Ricardo Ortega considera que “hay que eliminar más de 100 estampillas que hay en el país” y en su lugar ofrece sugerencias. Ambos coinciden en “revisar el ICA, porque este se cobra sobre los ingresos y no sobre las utilidades,  ignorando la situación real de las empresas”; una crítica común a muchos tributos locales. Luis Fernando Mejía propone “disminuir la dispersión de impuestos territoriales y homogeneizar los instrumentos tributarios”. Objetivo claro, que debe reflejarse en una ley marco, donde se identifique un inventario de posibles tributos locales, se determine el concepto imponible para cada uno de ellos, se establezca su base de tributación y se defina un rango de tasas. Sobre ese menú los entes territoriales podrán decidir cuáles no cobran, cuáles sí y a éstos qué tasa le aplican. Los centros de pensamiento de la región Caribe tienen que aportar en esa tarea.

rsilver2@aol.co

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