Este es un SOS por los tres bienes públicos más valiosos tanto de nuestra región, Electricaribe, como de nuestro departamento, la Triple A, y de nuestro Distrito Industrial y Portuario, el Canal navegable del puerto de Barranquilla.
A los humanos nos fascina construir. En todos los tiempos y latitudes hemos procurado expresar la grandeza en palacios, puentes, canales, coliseos, acueductos y murallas. Pero no somos igual de celosos preservando lo que hacemos. Son incontables las grandes obras desmoronadas en los basureros de la historia.
Los tres bienes mencionados tienen en común dos características dolorosas, la primera es que los tres se están “echando a perder” cada minuto que pasa sin invertir en ellos lo que se requiere para mantenerlos y, la segunda, que en buena medida esa situación ha sido provocada por acción u omisión del Estado colombiano. Más precisamente por los gobiernos del último cuarto de siglo en el caso del Canal Navegable, del último quinquenio en el caso de Electricaribe y del último año en el caso de la Triple A. En los dos primeros la responsabilidad recae en la rama ejecutiva y en el tercero en la rama judicial. El nuevo gobierno, por lo reciente, no tiene culpa de nada, pero, al asumir su papel, es responsable de todo. Y coincidencialmente ha bautizado sus encuentros semanales con el eslogan ‘Construyendo País’. Detener la destrucción es la manera más eficiente de construir. La rentabilidad de las inversiones en preservar lo existente es mucho mayor que dejarlo deteriorar y tener que hacerlo de nuevo o perderlo para siempre.
En el caso del Canal Navegable, los gobernantes nacionales parecen no haber sido requeridos por los locales de la responsabilidad legal que les endilga la ley 1ª de 1991 de mantener la navegabilidad del canal y sus obras aledañas. Estas son indispensables para minimizar el dragado, que es a lo que se han limitado a través de costosas emergencias que amplifican el costo y distorsionan la complejidad de las soluciones.
En el caso de Electricaribe, la falta de inversión por parte de GNF como socio principal, condujo al deterioro del servicio y del recaudo y a la tardía intervención de la Superintendencia hace dos años. En cuyas manos el gobierno nacional, aunque ha fondeado el pago de la energía, ha seguido desde entonces pecando de lo mismo: sin invertir hasta ahora las sumas necesarias para detener la oxidación de toda la infraestructura.
Y en el caso de la Triple A, a la Fiscalía se le ocurrió un remedio más peligroso que la enfermedad. Enviar las acciones a extinción de dominio en manos de las SAE. Lo que automáticamente le cierra todas las puertas crediticias a la empresa. La Fiscalía o la SAE deberían avalar los préstamos que la empresa necesita para sus nuevas inversiones mientras sale del limbo en que la sumergieron, de lo contrario están castigando es a los usuarios, no a los delincuentes, por demás anónimos.
rsilver2@aol.com
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