El Distrito Judicial de Barranquilla (DJB), cuya jurisdicción abarca todo el departamento del Atlántico, padece una creciente congestión del Sistema Penal Acusatorio que limita el acceso a la justicia, limitación que genera impunidad, impunidad que fomenta desconfianza, desconfianza que mina los cimientos de nuestra democracia. Gracias a la Gobernación del Atlántico y a la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación Protransparencia ha realizado desde 2016 tres trabajos relacionados con esa crisis: una radiografía del colapso local del sistema, una demostración de que en el DJB hay una demanda per cápita de procesos penales superior al promedio nacional, agravada por la deficitaria provisión de todos los recursos (instalaciones, jueces, investigadores, tecnología y logística) vis a vis el promedio nacional y, finalmente, una propuesta presupuestal para cerrar en 5 años esas injusticias de la justicia.

Un primer estudio mostró que el DJB tuvo, entre 2010 y 2015, una demanda de 417 mil casos, de los cuales 154 mil fueron archivados, 93 mil de estos por incapacidad de encontrar el sujeto activo o el pasivo o a ambos, es decir por total ineficacia; 43 mil fueron conciliados o desistidos, tal vez por agotamiento de los interesados, y solo se produjeron 10 mil sentencias. De los restantes 200 mil no concluidos, 135 mil estaban paralizados.

El segundo estudio señala que el DJB tiene la mitad de los jueces penales que el promedio per cápita nacional. Manizales, por ejemplo, tiene el triple de jueces penales per cápita y el cuádruple del total de jueces per cápita que Barranquilla. El hacinamiento carcelario en el DJB es del 147%, en flagrante violación de los derechos humanos de condenados y procesados. El DJB solo cuenta con el 40% de los fiscales y el 20% de los investigadores necesarios. Ello y la insuficiencia de salas hace que el 80% de las audiencias se aplacen, lo que conlleva al vencimiento de términos y a que casi la mitad de los procesos sean archivados.

El tercer trabajo propone un plan de inversiones y gastos de $1,8 billones para nivelar al DJB con el promedio del país en 5 años. De esa suma $800 mil millones son para dos centros carcelarios. Y un billón se distribuye en $60 mil millones en justicia preventiva cercana al ciudadano, $220 mil millones en indagación e investigación, otros $220 mil millones en juzgamiento y $500 mil millones en ejecución de penas, en rubros diferentes a la construcción de centros de reclusión. 

La Cámara de Comercio, Protransparencia y el Comité Intergremial del Atlántico han acordado cursar una invitación a la nueva Ministra de Justicia, doctora Margarita Cabello Blanco, para presentarle esos hallazgos y propuestas con la confianza de que con su liderazgo éstas se debatan con los demás actores del sector y se ejecuten las que haya lugar. Los estados-nación democráticos cimientan su existencia en el monopolio de la fuerza y la impartición de justicia, pilares de los demás derechos del moderno estado benefactor. Primero lo primero.

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