Hasta el pasado 4 de diciembre,180 personas fueron víctimas de las minas en Colombia. Un aumento de 300% en relación con el 2017, cuando hubo 56.

Por su lado, hasta abril, los homicidios se habían incrementado en un 7,22%. Por primera vez en tres lustros, el número de asesinatos subió en nuestro país. No hay motivos para pensar que la tendencia haya cambiado en el resto del año. 

Con el acuerdo con las Farc la violencia no está disminuyendo sino, por el contrario, ha aumentado. La “paz” no nos ha traído menos muertes. ¿Por qué?

Porque en realidad el conflicto armado sigue vivo. El Eln nunca se desmovilizó y tampoco lo hicieron los frentes de las Farc más vinculados con el narcotráfico, son cada vez más los reinsertados que vuelven a las actividades delictivas y las organizaciones criminales son cada vez más fuertes.

Porque han disminuido las operaciones contra los grupos ilegales y las que se hacen son menos contundentes.

Porque el Estado no consiguió controlar las áreas que abandonaron las estructuras de las Farc que sí se desmovilizaron: la presencia militar es débil y la del resto de la estructura estatal, cuando la hay, es claramente insuficiente.

Porque la coca, en lugar de disminuir, se disparó con ocasión de los acuerdos con la guerrilla. Esos pactos contemplan una decena de incentivos perversos para el narcotráfico. 

Porque la Corte Constitucional, en una decisión política y arbitraria, ordenó suspender el uso de glifosato para la erradicación de narcocultivos.  

El narcotráfico es el más feroz enemigo de la paz. Combatirlo y retornar a la senda de la disminución de la violencia requiere una política integral de Estado. 

Hay que tener voluntad para combatirlo sin cuartel y una estrategia integral: atacar todos los componentes de la cadena de producción, no solo los narcocultivos, con énfasis en cristalizaderos y laboratorios; recuperar la erradicación forzada y la fumigación aérea con glifosato; rediseñar la sustitución de cultivos y reemplazar los subsidios directos a narcocultivadores por intervenciones estructurales para la productividad general de la región; debilitar las finanzas de los narcos y los grupos armados, incautar sus bienes y extinguir su dominio de manera eficiente y rápida, y combatir el contrabando y el lavado de activos; fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y la extradición; fortalecer de nuevo la Fuerza Pública y, en especial, la Policía Antinarcóticos y la Infantería de Marina; asegurar el control estatal de las áreas y la respuesta coordinada para la provisión de bienes y servicios.

Iván Duque ha formulado una estrategia que va en la dirección correcta. Ahora tiene el desafío descomunal de ejecutarla. Para ello, en todo caso, es indispensable reformular los acuerdos con las Farc, plagados, como he dicho, de incentivos perversos que favorecen el narcotráfico. Sin ello, los esfuerzos serán inútiles.