En la pasada columna advertí al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sobre el gravísimo riesgo que están corriendo varias empresas colombianas por la falta de un mecanismo de control en las prácticas comerciales del mercado de los biocombustibles y lubricantes en el país.

Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso progresivo y a la vez imparable que afecta a todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, y por lo tanto las empresas deben adecuar sus estrategias tratando de ubicar sus productos en cualquier parte del mundo donde existe demanda potencial. Ello da lugar a procesos de concentración creciente, y es raro el día en el que no se anuncian operaciones de fusión o compra de empresas, como la que acaba de darse entre ExxonMobil y Terpel en Colombia. Esas integraciones deben permitirse en nuestro país, siempre y cuando no vayan en detrimento de la empresa nacional y no se establezca un abuso de su posición dominante. 

Hacer empresa en Colombia no es cosa fácil, cuesta mucho dinero y tiempo. Los invito a que lean el discurso del presidente del Consejo Privado de Competitividad, Antonio Celia, para que vean la cantidad de normas, procesos y entidades a las cuales tenemos que acudir para adelantar cualquier trámite. En mi caso particular, llevo 15 meses tratando de conseguir el registro de la marca de mi compañía ante la SIC, y esta es la hora en que todavía no he recibido respuesta. Así es muy difícil competir contra cualquier empresa que esté ubicada en los países con los cuales hemos suscrito Tratados de Libre Comercio. La ineficiencia y la corrupción pública en este país no permiten que podamos ser competitivos, y mucho menos salir del pesimismo o “fracasomanía” de la que habla Antonio Celia.

Como lo dije en mi anterior columna, en Colombia, además de no existir una política de fomento a la producción nacional, estamos totalmente desprotegidos frente a los competidores internacionales. La mayoría de las decisiones que se toman en este país son para favorecer a la empresa extranjera. Así ha sucedido en los 16 Tratados de Libres Comercio suscritos en los últimos años, y con ciertas compañías extranjeras. Lo del fondo de inversión del gobierno de Abu Dhabi para explotar una mina de oro en la zona del páramo de Santurbán, o la importación de etanol de baja calidad producido con maíz subsidiado desde los Estados Unidos y la autorización de la integración entre ExxonMobil y Terpel son apenas algunos casos que generan indignación y levantan muchas sospechas.

En el proceso de integración de ExxonMobil y Terpel causa extrañeza que ninguna de las Superintendencias haya instaurado una medida cautelar para evitar las pérdidas económicas y los despidos de cientos de trabajadores de las empresas locales, por la terminación unilateral de sus contratos de distribución de combustibles y lubricantes, después de haberse fregado durante más de 50 años para posicionar los productos de estas multinacionales. Y causa más sorpresa que, con tantos casos de cartelización, hayan permitido la integración de dos compañías que se van a quedar con el 65% de las estaciones de servicio del país. ¡Increíble! 

*Consultor