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Actualizado hace 10 dias

Por ejemplo, el arroyo Bruno

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El arroyo Bruno nace en la zona alta de la Serranía del Perijá y desemboca en el río Ranchería. 

Es un cuerpo de agua que permanece seco ocho de los doce meses del año, según certifica el Ideam.

Tal vez por ello los mismos pobladores vierten desechos y talan árboles en el nacimiento del acuífero, y lo usan de lavadores de carros en la mitad del cauce.

En la zona, donde hace 25 años no había comunidades ni actividades tradicionales o productivas, la empresa Cerrejón proyectó allí trabajos que mantendrían los niveles actuales de producción. Lo que ahí sí se produce es uno de los carbones con mayor poder calorífico.

Pero la explotación en el tajo implicaba la desviación del último tramo, la desembocadura del arroyo.  

Unas 16 entidades oficiales participaron en las evaluaciones que se realizaron durante cuatro años. Y unos 6.000 visitantes asistieron al proceso de socialización del proyecto.

Aún así algunas comunidades se acogieron a la consulta previa y entablaron acción, no contra el proyecto, sino en busca de compensaciones.

La empresa juzgó que esos terrenos no hacían parte de los territorios de los accionantes ni de ninguna otra etnia. Pero accedió a consultar el proyecto con los habitantes de Campo Herrera, y acordó un Plan Integral de Compensación Ambiental que busca mejorar las condiciones ecosistémica de 235 hectáreas en la zona de recarga del acuífero e, incluso, el desarrollo de alternativas de abastecimiento de agua subterránea en todo el área. Posteriormente lo hizo extensivo a Tigre Pozo y el Rocío, a pesar de estar más distantes todavía a la zona de influencia.

Pero hoy otra comunidad, La Horqueta, tiene un proceso de consulta previa vigente, y la Corte está pendiente de resolver otras dos acciones interpuestas por los pobladores de Gran Parada y Paradero, que están en formaciones hidrogeológicas diferentes.

De ahí viene mi insistencia: si no tiene otro tipo de regulación o esta no proviene de la acción regulada de la justicia o la mesura de las comunidades, la consulta previa se puede convertir en el nuevo riesgo político para la inversión. Aunque su esencia es garantizar la participación de los ciudadanos en decisiones que no los tomaban en cuenta, ya, en algunos casos, aparece como un mecanismo de chantaje.

En el caso del arroyo Bruno, las obras terminaron sin ningún contratiempo técnico y, tal como se sospechaba, no generó pérdida del recurso hídrico sino un cambio de dinámica en el intercambio. 

Por ello la directora del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste, dijo: “Es un proyecto de ingeniería ecosistémica bien planteado”. Ojalá la Corte lo tenga en cuenta.  

El asunto es que con las obras se salvaron 1.100 empleos, 3.7 billones de pesos en impuestos y 500 mil millones de pesos en compras y contrataciones departamentales. Y todos pudimos echar el cuento. La pregunta es si lo podremos hacer la próxima vez. 

 albertomartinezmonterrosa @gmail.com
 @AlbertoMtinezM  

Imagen de adriana.puentes

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