La relación entre política y guerra se puede dar en dos sentidos. El primero, cuando una confrontación política se transforma en conflicto bélico, pues una de las partes considera que no hay condiciones para alcanzar sus aspiraciones de cambio a través de las vías institucionales y decide hacerlo por las armas. Son ejemplos dictaduras militares, luchas guerrilleras o paramilitares, en donde las acciones violentas, por supuesto cuestionables, son legitimadas por la causa que se defiende, en tanto se considera que las vías pacíficas no garantizan las condiciones para la confrontación política.

En esta perspectiva, la misma lógica de la guerra va pervirtiendo el sentido de la apuesta política, en tanto los medios que se utilizan terminan yendo en contravía de los ideales que los justifican. Los grupos armados ilegales, en aras de financiar la guerra, acuden bien sea al secuestro o al narcotráfico, en tanto los presupuestos estatales que se podrían destinar a educación o a salud se gastan en compra de armamento. Mientras las guerrillas reclutan infantes para engrosar sus filas, los grupos paramilitares masacran poblaciones para acabar con la subversión, y el Ejército Nacional aparece circunstancialmente en alianzas con grupos paramilitares o falsos positivos, para ganar posiciones o hacer ver que lo está haciendo. En todos estos casos la lógica de la guerra naturaliza la violencia como acción política.

Un segundo sentido aparece cuando actores de un conflicto bélico apuestan por transformar la lucha armada en confrontación política pacífica a través de diálogos, esto es, politizar la guerra. Entonces, se comienza por cimentar certidumbre entre actores que en la guerra han construido desconfianzas mutuas, y de generar decisiones que permitan desescalar la confrontación bélica.

En el caso colombiano, construir acuerdos políticos programáticos en lugar de muertos y heridos en las filas contrarias, ha implicado que el Estado reconozca que tiene una deuda histórica con la población campesina y un importante reto en la generación de espacios democráticos de participación e inclusión. Asimismo, que los actores armados ilegales acepten cambiar la utilización de las armas por las vías institucionales, en un proceso que les lleve a dejar las acciones ilegales, donde la justicia transicional lleve a su vez a develar la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado, a través de penas alternativas, y a reparar a quienes han sido sus víctimas.

Con el proceso de paz con las Farc, a pesar de todos los escollos de la negociación, llevamos más de un año en el cual nos hemos ido desacostumbrado a la guerra, y es muy diciente que lo que hoy nos indigna es el hecho de que un guerrillero ingrese armado a una escuela, cuando antes lo hacían los muertos en combate.

Finalmente, los acuerdos en La Habana por sí solos no garantizarán la construcción de la paz, pero serán un aporte importante al separar la acción política de la lucha armada. Será clave a futuro la concreción de los mismos, una mayor participación de la población en el proceso y avanzar hacia una sociedad que además de inclusión se sustente en formas no violentas de tramitar los conflictos.

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