Ya hemos expresado en estas mismas columnas en ocasiones anteriores que lamentablemente en el país la corrupción, el delito y el terrorismo le han ganado la batalla a la justicia y al orden a través de los años y en diferentes épocas. Basta con repasar la historia nuestra para darnos cuenta de que por décadas no hemos podido erradicar los tremendos horrores que ha vivido el país por cuenta de las conductas delictivas en todas sus especies y modalidades, que han tenido más fuerza, mayor eficacia, mejor resultados fatales, que el ejercicio de la justicia, la aplicación de la ley, la eficacia de Ejército y Policía. Tristemente se lucha, se hace el esfuerzo, se legisla, se arman códigos, crecen las cárceles y se fortalecen los entes de control, sin embargo, siempre el delito va adelante y siempre, siempre, el Estado se la pasa apagando incendios, sorprendido en cada esquina con los pavores de la delincuencia organizada.

Ahora con valentía la Sala de Consulta y Servicio Civil nada menos que del Consejo de Estado expresa públicamente, reconoce, admite, que en Colombia existe un enorme déficit de las normas actuales contra la delincuencia y que deberíamos tener más músculo jurídico para evitar que en ciertos aspectos, como por ejemplo en el de la contratación oficial, nos sigan apabullando los tentáculos de la corrupción. (C.E.S. de consulta cap 2260 y 2264 agosto 2016 (CP Alvaro Namén).

El tema sale a flote a raíz de un análisis del caso Odebrecht donde el examen del Consejo de Estado puntualiza que la ley debería generar más inhabilidades para los futuros contratantes de la Ley 80 de 1993, superada hoy día por adelantos de la tecnología y habilidades delictivas, para tener mayor control de presuntos corruptos ya sean firmas empresariales o personas naturales. En efecto, no hay inhabilidad para proponentes a licitaciones que hayan tenido una condena por juez extranjero o miembros de juntas directivas proponentes que hayan sufrido sentencias en contra de un juez foráneo por delitos varios. Ni siquiera la iniciación de una investigación penal, disciplinaria o fiscal contra cualquier persona natural o jurídica en el país o el exterior es materia de veto o prohibición de participación en estos casos.

La Sala mencionada presenta alternativas que le inyecten rigor a la justicia, es decir, mayor fortaleza, que es en síntesis lo que necesita la famosa reforma a nuestro sistema judicial que tanto se promete, que se ve llegar desde hace años pero no llega. Una reforma que no solo produzca mejores y más completas leyes sino que demuestre que el delito no puede seguir desbordando la capacidad de respuesta del Estado. Una reforma que respete más los derechos humanos de la comunidad y no magnifique tanto los derechos humanos de los delincuentes,  que expedite los trámites de Fiscalía y en los juzgados el proceso elimine tantos vericuetos inventados para favorecer a los delincuentes, como la casa por cárcel, la falta de pruebas y otras arandelas que llenan las calles de delincuentes que vuelven a las andanzas con solo tres días de detención. O a delincuentes de cuello blanco, que todo el mundo conoce y que de cientos de formas conocidas tienen invadido el país con sofisticadas formas de corruptela administrativa y política. Odebrecht es el último ejemplo, pero vendrán otros más.