Soy defensor de la democracia como el mejor de los gobiernos. Abogo por la existencia de movimientos y partidos políticos, instancias ideales de participación soberana del pueblo. Sin ellos sencillamente no hay democracia. Por supuesto, el nicho vital de las democracias en el mundo son sus parlamentos.

Destacar en 2021 el trabajo legislativo, de control político y reformas constitucionales, adelantadas por el Congreso de la República, en estos momentos es tarea casi que imposible para cualquiera. 

Salvo contados congresistas, la mayoría no estudia, no lee, ni se muestra preparado académica ni profesionalmente para desempeñar funciones parlamentarias, ocasionándole un grave daño a la sociedad colombiana, pues se considera que legislan en interés propio.

Las encuestas recientes muestran que los partidos políticos son la institución más desprestigiada, con un 81% de imagen negativa. El Congreso de la República de Colombia, tiene un 77% de opinión desfavorable, es señalado como la segunda institución en desprestigio nacional.

Estas percepciones negativas son por demás históricas. Entonces, es válido preguntar: ¿Los congresistas que aspiran a reelegirse y aquellos que desean sucederles tienen conocimiento de tal desprestigio?

Cualquiera sea la respuesta, un ciudadano responsable, al decidir su voto en las próximas elecciones del 13 de marzo de 2022, debe hacer un profundo análisis de la oferta de candidatos. Así mismo, está obligado a no sufragar por otro Anatolio, quien sabemos no lee, ni estudia, siendo consciente de la instrumentalización de su voto, porque está probado que, su sí o su no, depende más de su propia conveniencia o de terceros, que la del país. 

Dos hechos recientes demuestran que los honorables congresistas no leen ni estudian suficientemente lo que aprueban: 1.- La “Ley Mordaza” diseñada para censurar la prensa, desde donde se ejerce valientemente un control social sobre la actividad parlamentaria, pública en sí misma, como también lo es la vida de sus actores políticos. 2.- La “Ley de Seguridad Ciudadana”, cuestionada por connotados juristas expertos en derecho penal. 

Desde ya se imponen voces contra la Corte Constitucional, corporación que le corresponderá el examen de normas abiertamente aprobadas sin estudio, sin leer, en contra vía de la Constitución de 1991 y de tratados internacionales obligatorios para el Estado. 

Colombia no va a mejorar con normas que amordacen a los medios de comunicación, periodistas o líderes de opinión, que hacen “público lo público”. Tampoco aumentando las penas y cercenando las libertades ciudadanas, se resuelve la inseguridad. 

Mientras el planeta construye una política criminal de derecho penal mínimo, basada en la criminología crítica, sistema acusatorio y excarcelación, nuestros legisladores, por falta de estudio y lectura, legislan en oposición a postulados universales de derechos humanos, olvidando que la democracia es garantía de ejercicio de libertades ciudadanas.

Reelijamos solo a congresistas probos o nuevos para no seguir gritándoles: ¡Estudien, vagos! 

@orlandocaba