El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en reciente trabajo difundido en las Américas bajo el título: Lecciones Aprendidas en Materia de Organización de Elecciones en contexto de Pandemia y Post-Pandemia, de Alejandro Tullio, publica algunas conclusiones y recomendaciones relacionadas con las elecciones en el sistema democrático de gobierno en las condiciones actuales, indicando que: se ha dicho que hay que trabajar para que la democracia no sea una víctima silenciosa de la pandemia y ello es verdad. Tampoco se puede arriesgar la organización comicial, improvisando ante el desafío sanitario más grande en varias generaciones; ni la libertad de expresión y competencia electoral; ni la integridad electoral, tanto en términos de confianza en los mecanismos de votación y recuento de los votos como en materia de financiamiento transparente de las elecciones y la actividad política.

Ello quiere decir que no pueden suspenderse “sine die” las elecciones; que no puede postergarse la planificación adecuada de las medidas que aseguren poder realizarlas en las condiciones de higiene y bioseguridad suficientes; que las herramientas y soluciones logísticas e informáticas que se apliquen sean seguras, adecuadas, auditables y se ajusten a la ley y que la actividad de vigilancia normativa y control patrimonial de los partidos políticos por los órganos electorales y de las contrataciones electorales, por las instancias de control financiero tengan vigencia en plena pandemia.

La pandemia y la eventual post pandemia enfrentan a los organismos electorales a una situación inédita, como ya se dijo y es una oportunidad para revisar procedimientos, establecer nuevas formas de asegurar el ejercicio de los derechos políticos, pero también de romper algunos límites en las modalidades de gestión que muchas veces conspiraron contra la capacidad de innovación del mundo electoral.

Los órganos electorales deben convertirse no solo en administradores de elecciones en que se garantice el ejercicio de los derechos políticos sino también la seguridad sanitaria de quienes participen en cualquier carácter de estas.

Deben hacerlo, no solo con base científica sino con modos participativos, apostando por legitimar cada una de las medidas que se adopten no solo frente a los actores tradicionales como los partidos políticos sino frente a la comunidad científica, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

En ese itinerario, no solo deben garantizarse el irrestricto ejercicio de los derechos sino estimularse la participación, removiendo obstáculos, brindando certezas y asegurando que cada voto se cuenta y que cuenta para la decisión colectiva.

Si bien deben respetarse el principio de legalidad, la normatividad vigente, la equidad en la competencia, y la seguridad de los procedimientos, los órganos electorales están demostrando con las medidas adoptadas y con los desafíos enfrentados y a enfrentar, que son capaces de actuar con flexibilidad y pragmatismo no exento de rigurosidad profesional.

Es necesario encontrarse en alerta permanente para repensar sistemas secularmente estructurados que no preveían circunstancias como la que estamos viviendo, ni mucho menos la incertidumbre de futuro. Este aprendizaje nos obliga a una nueva visión, más interdisciplinaria, menos juridicial; a un abordaje holístico del proceso electoral para incentivar a quienes deben implementar nuevas soluciones a nuevos problemas, pero también nuevas soluciones a viejos problemas irresueltos.

La adopción de nuevas tecnologías para el funcionamiento de los órganos electorales a que nos obligó la pandemia permite romper paradigmas sin poner en riesgo la integridad de estos. El profesionalismo y la responsabilidad de gestión de la innovación permiten implementar cambios e incorporar medidas de sustentabilidad sanitaria y modernización sin comprometer la seguridad el secreto la libertad y la certeza que deben caracterizar al acto sagrado que es el sufragio. La aplicación de nuevas tecnologías debe servir para simplificar procedimientos preparatorios y para ponerlos al servicio del control de los ya suficientemente complejos procedimientos logísticos, financieros y organizativos de la administración electoral.

Estos cambios, en muchos casos vertiginosos tampoco afectan a los principios siempre vigentes del derecho electoral, pero consisten en innovar en las herramientas para asegurar su cumplimiento. Las elecciones cambian sus formas, pero no pueden perder su contenido filosófico y político arquitectónico, la construcción de la casa común mediante la actividad más igualitaria e integradora: convertir la voluntad de cada uno en la decisión de todos y hacerlo de manera que todos la acepten.