Columnas de opinión
Actualizado hace 8 meses

Derechos y deberes | Pobreza y soberanía nacional

La Corte Constitucional explica que el principio de no intervención se ha entendido como el respeto a la soberanía de los Estados, esto es, la prohibición de injerir en los asuntos internos de otros, mediante hechos o actos destinados a lograr objetivos de diversa índole (económicos, políticos, sociales, etc.).  Así mismo, se refiere al concepto de soberanía en su doble proyección (interna o inmanente y externa o transeúnte) en el sentido de que ha evolucionado de modo significativo, en armonía con las circunstancias históricas en las cuales ha tenido que utilizarse. Muchos factores han incidido en su reformulación, entre los cuales quizá el más relevante sea el relativo al proceso de progresiva internacionalización de las relaciones entre las comunidades políticas soberanas. Desde su conceptualización inicial hasta hoy, pudiera decirse que las etapas extremas del proceso podrían caracterizarse de este modo: al comienzo (siglos XVI y XVII) el problema teórico que debía resolverse consistía en saber cómo era posible que comunidades soberanas pudieran, no obstante, estar jurídicamente vinculadas por una regla de derecho supranacional. Es así como, la idea de soberanía nacional “no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad”.

Frente a ello, el fenómeno social de la pobreza está íntimamente ligado con la dignidad del ser humano. Los regímenes totalitarios no pueden justificar la pobreza con su soberanía o autodeterminación, porque la democracia tiene por objeto lograr el nivel más alto de realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, un Estado cuyo gobierno es abiertamente antidemocrático, no puede alegar su soberanía, frente a medidas de carácter internacional que adopten los Estados dentro del sistema interamericano de derecho humanos, tendientes a la protección de derechos fundamentales de los más pobres.  

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