Lo sucedido en los últimos días con el Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, es el desastre ecológico de dimensiones desproporcionadas e incalculable, que pasará tristemente a la historia por ser además el monumento más grande a la desplanificación, error de cálculo y diseño de una obra pública, que en su ejecución arrasó con el Río Cauca, atropellando de paso todos los principios de desarrollo sostenible.
Entretanto, los órganos de control hacen mutis por el foro, pese a las nefastas consecuencias que debemos los colombianos afrontar desde el punto de vista económico, ecológico, social y energético. De paso, ante la comunidad internacional en tanto el Estado ha suscrito tratados internacionales, que le obligan a la protección del medio ambiente, entendido como un derecho universal.
Es que la sostenibilidad, consiste en el desarrollo que satisface, en este caso necesidades de producción energética, sin que comprometa la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
¿Cuál desarrollo sostenible? Hidroituango ha comprometido negativamente la supervivencia de generaciones futuras, el bienestar social de los colombianos y el medio ambiente patrio.
Este proyecto es una ofensa para la ingeniería mundial y para el desarrollo sostenible que desde 1987, con la publicación del Informe Brundtland, prevenía al planeta respecto de la vulneración del medio ambiente producido por: el desarrollo económico, la industrialización y el crecimiento poblacional.
Los responsables del Proyecto de Hidroituango olvidaron que los recursos naturales del Río Cauca no eran una fuente inagotable, debiendo prever su protección y uso racional. Tampoco, la autoridad ambiental que otorgó las licencias ambientales al parecer no ejerció el control preventivo requerido.
Llama poderosamente la atención el silencio del Ministerio del Medio Ambiente y de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Contraloría General y el Congreso, entidades con competencias preventivas y sancionatorias, por conductas atentatorias contra los recursos medioambientales, sociales y fiscales.
La doble moral en que vivimos trata de ocultar tamaño desacierto, estando más pendiente de arreglarle el problema a nuestros queridos hermanos venezolanos, cuando el país navega en la corrupción.
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