Hace pocos días el Comando de la Policía del Atlántico divulgó una noticia en los medios de comunicación que causó mucha preocupación en la ciudadanía, no porque no se sospechara y aun se evidenciara con frecuencia, sino porque la Policía envió un mensaje sincero, fuerte, trascendental. La noticia afirmaba que por estadísticas el 82% de los detenidos por diferentes delitos en esta sección del país a los pocos días, muy pocos, cuando no son horas, quedan nuevamente libres así haya sido sorprendidos infraganti o con una carga probatoria contundente.
La Institución policiva atribuye el hecho a que los jueces de garantía no cumplen a cabalidad con su deber, o son demasiado laxos, o exigentes en el acopio de pruebas iniciales o aplican con mano demasiada blanda la disposición “no presenta antecedentes por lo cual no representa un peligro para la comunidad”. Por su parte, la justicia, en cabeza de los jueces a quienes les compete conocer de estos casos argumenta que la Policía y los fiscales que se hacen cargo del caso desde el comienzo, no solamente realizan su labor con mucha ligereza sino que no cumplen con los requisitos de ley que señalan cuidadosos pasos a seguir cuando es apresada una persona por un presunto delito o con las pruebas en la mano.
El caso es preocupante y parece ser que sucede en todo el país. El telón de fondo es el que se conoce: por un lado lo que Bovio señaló como “Una flexibilidad de la Ley y reconocimiento a los delincuentes que se convierten en impunidad”. El maestro decía que el fenómeno es universal porque a los delincuentes se les otorgan demasiadas garantías que no merecen. Y por otro lado, en el caso colombiano, este fenómeno es una forma burda, obsoleta y absurda de soslayar, aliviar, distensionar el hacinamiento de las cárceles del país, atiborradas por múltiples motivos, entre otros, porque el número de detenidos aumenta los delitos y, por otro, por la demora en la justicia en resolver miles de casos.
Este es un tema delicado, donde la corrupción merodea con mucha actividad. Es un caso que el país mira indiferente porque ya se acostumbró a incluirlo en el menú diario. Pero la verdad es que todos los días se nos informa que los detenidos cotidianos presentan antecedentes y tienen causas pendientes por diferentes delitos. Es decir, los sueltan y salen a repetir lo único que saben hacer: delinquir. Es un disco rayado, pero lo absurdo a nuestro juicio es que muchos jueces puedan dejar en libertad a detenidos que presentan y tienen prontuarios pendientes o que tenían la famosa casa por cárcel, que es la mayor burla inventada por la justicia.
El tema, aun cuando sensible porque enfrenta a gigantes sectores de la institucionalidad, debe entrar a resolverse pronto con una reforma a la justicia que se encuentra pendiente, al Código de Procedimiento Penal, a la vinculación de la Fiscalía mucho más contundente con el tema. La Presidencia debe liderar esta iniciativa reformatoria con carácter de urgencia, no removiendo a cada momento a los ministros de Justicia, van seis en ocho años, sino con un mensaje de urgencia al Congreso, escenario natural de donde nacería la Reforma, donde estamos seguros encontrará amplio apoyo y diligencia para adelantarla. Se lo hemos escuchado a muchos congresistas frecuentemente.
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