No hay que morir para llegar ya al infierno, que se encuentra en cada uno de los rincones de nuestro país en forma de cárceles. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, actualmente el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 53%, y en algunas cárceles llega hasta el 400%. Por ejemplo, en la Cárcel Modelo de Barranquilla es del 147%; el recinto tiene una capacidad para 454 internos y en enero del presente año había 1.123 reclusos.

Esta realidad fue reconocida por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-153 de 1998 al hacer referencia a las cárceles como un “estado de cosas inconstitucionales”, en alusión a la sistemática violación de derechos fundamentales debido, principalmente, al hacinamiento, y le dio al Estado un plazo de cuatro años para remediar esta situación. Sin embargo, a pesar de la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para este fin, es evidente que la dignidad es aún fantasma en las cárceles.

¿Y es que acaso los derechos fundamentales son solo para los no delincuentes? ¿No es la dignidad humana el principio fundante de nuestro Estado? ¿Acaso se deja de ser persona cuando se es condenado a pena privativa de la libertad?

Era por lo tanto inminente la ‘Operación reglamento’ que se está llevando a cabo por los guardianes de 118 cárceles de Colombia, quienes no están permitiendo el ingreso de reclusos a sus penales, algunos desde hace más de 90 días.

La cárcel es la universidad del crimen, donde la única ley que rige es la del más fuerte, haciendo especialistas a los criminales, y delincuentes a los que no lo eran. Encontramos drogas, armas, abusos sexuales, homicidios, torturas e insalubridad; un servicio de salud y psicología casi inexistentes; un sistema de resocialización ineficaz; como ellos dicen: se les trata como bestias.

Según la directora de la Uspec, para que las cárceles funcionen bien se requieren 400 mil millones de pesos al año en contraste con los 50 mil millones que se destinan actualmente. Por supuesto, el dinero es necesario para dignificar las condiciones de los reos, sin embargo la solución a este problema de hacinamiento carcelario va mucho más allá de esto y de la construcción de cárceles porque estas nunca serán suficientes. Esta radica, a mi manera de pensar, en dejar de considerar la creación de delitos como la solución a todos los problemas que afectan al país. Constantemente el cuerpo legislativo colombiano crea nuevos delitos, sin tener en cuenta que esta es una medida excepcional que debe ser utilizada cuando otras medidas menos lesivas para los derechos de las personas han fallado, y solo para comportamientos específicos verdaderamente graves; un ejemplo de este populismo punitivo es la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Estado debe empezar por intervenir en las causas de los crímenes, entre las que encontramos principalmente la pobreza y las desigualdades sociales. Un estudio de la Universidad Nacional indica que el 93% de la población condenada por homicidio tiene un nivel académico de bachillerato hacia abajo, y que los reclusos provienen, en orden de mayor a menor cantidad, de los estratos 2, 1, 3 y 4, y del estrato 5 y 6 muy pocos. ¿La cárcel entonces entra a llenar el vacío de la política social en Colombia?

Daniela@cepedatarud.com
@DCepedaTarud