Los últimos días se ha hablado mucho de cómo la vivienda de interés social a nivel nacional viene desacelerándose: las ventas bajando, muchos desistimientos y los proyectos en vilo. Esta realidad afecta económicamente al país no solo porque el 72% de la comercialización de viviendas en 2022 fue de VIS, sino también en materia de empleos, pues este sector genera alrededor de 4 millones de puestos.

Entonces me pregunto, ¿por qué en vez de debilitar la política de “Mi Casa Ya”, la cual ha demostrado ser útil, no usamos toda esa experiencia para llevar vivienda a las zonas rurales que es lo que le hace falta a esta política? 

“Mi Casa Ya” nos enseñó a no depender del Estado ni de su tramitología compleja para poder acceder a un subsidio de vivienda. Nos enseñó que la vivienda VIS se podía construir de manera masiva, eficiente y coordinada entre todos los eslabones de la cadena (constructores, financiadores, Estado y compradores). El objetivo entonces debe ser aplicar esa experiencia a la vivienda rural.

Hace menos de un mes, en reuniones con los directivos de los grupos Bolívar y Bancolombia, revisando en terreno los avances de la agricultura del departamento, los agricultores decían que luego de toda esa transformación que había vivido, aún les faltaba su vivienda, en su terreno, cerca de su producción. Haciendo cuentas rápidas de servilleta, nos dimos cuenta de que había una oportunidad para apoyar en la solución de este tema.

Implementando la producción masiva de viviendas prefabricadas con un modelo similar al de “Mi Casa Ya”, los pequeños agricultores en proyectos productivos podrían pagar una cuota por 20 años. Una casa prefabricada cuesta en promedio $2 millones de pesos por metro cuadrado, con lo cual una vivienda de 45 metros cuadrados tendría un costo aproximado de $90 millones de pesos. Al aplicar un subsidio del mismo orden de lo destinado por “Mi Casa Ya” para los más vulnerables, $34.8 millones de pesos, sumado a un subsidio departamental o nacional que ayude a pagar la cuota inicial del 10% y un crédito por parte de las familias del excedente, quedarían cuotas de $564 mil pesos que se cubrirían con una fuente pago asegurada: las cosechas donde la agricultura productiva con compra asegurada esté apoyada por el Estado. 

No dejemos morir “Mi Casa Ya”, potenciémoslo y llevémoslo al siguiente nivel de manera coordinada con las apuestas del Gobierno, que busca potenciar la agricultura por todo el país, pero que sin una vivienda digna para esos agricultores que están en terreno no va a ser posible, pues no van a tener donde cuidar sus cultivos. Es el momento de demostrar que construir sobre lo construido, si es posible.