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Columnas de opinión
Actualizado hace 6 dias

Desactivemos la bomba

El debate sobre Electricaribe se ha intensificado en las últimas semanas. Se acabó el tiempo y la bomba está que explota. La pregunta es quién la desactiva. Durante 20 años la Costa ha venido exigiendo la mejora en la prestación del servicio sin recibir respuesta alguna. Del Gobierno nacional recibimos un silencio ensordecedor. ¿Dónde estaban para controlar y evitar tan grande desinversión? De Electricaribe se escuchó reiteradamente una voz indolente que atribuía sus deficiencias a la falta de pago, o sea a sus víctimas. ¿Acaso cuando compraron la empresa en el 97 no sabían que la infraestructura energética que adquirieron era cuasi artesanal?

Adicionalmente, quedé perplejo con un par de pronósticos que se hicieron alrededor de la situación. El primero, que la forma de solucionar el problema era aumentándole la tarifa a los usuarios. El segundo, sugiriendo que tal vez habría que devolver la empresa a aquel que se comprometió a brindarnos un servicio eficiente y no pudo. Ambas hipótesis sugieren algo peor: que el Estado, el mismo que durante casi dos décadas se volvió ciego y sordo frente a las pruebas contundentes que presagiaban el desastre en el que nos encontramos hoy, abordó el problema sin culpas ni responsabilidades.

Una mala o injusta decisión del Estado sobre el servicio de energía asfixiaría todas las posibilidades de desarrollo económico y social de más de 10 millones de colombianos que sufrirán un daño irreparable en términos de pobreza, exclusión y desigualdad.

El exviceministro Manuel Maiguashca opina que “a raíz del atraso de Hidroituango se inició ya una nueva subasta de expansión del sistema”. Esto en palabras simples implica que por los errores cometidos por EPM en Hidroituango, todos los colombianos tendremos que pagar a través del cargo por confiabilidad los riesgos de un posible apagón en el 2022 por el faltante de energía. Y –aunque las comparaciones son odiosas– parece que en el caso Electricaribe los errores cometidos por el Gobierno nacional los tendremos que pagar nosotros los caribeños.

No vislumbro –como muchos– al superpoderoso inversionista con “músculo” financiero que nos salve de la situación. Lo que sí me parece claro es que solo hay dos soluciones. Una es la revictimización de la Costa Caribe vía alza de tarifas y la otra es utilizar nuestra imaginación, buscar soluciones reales y asumir responsabilidades. 

Durante nuestra larga historia, el país ha asumido responsabilidades y ha destinado recursos de todos, para cubrir necesidades regionales. Como las políticas cafeteras de antaño, o las soluciones de transporte público en Bogotá y Medellín, o el ejemplo aquí mencionado con el cargo por confiabilidad. Ya es hora de que ese tipo de cosas pasen también en nuestra región. Desactivemos la bomba, ideemos un “cargo por solidaridad” y apostémosle a que la Costa Caribe se convierta en lo que Colombia necesita.

Imagen de cheyenn.lujan

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