Habían pasado apenas unos cuantos días luego de la inauguración del nuevo puente Pumarejo, cuando se divulgaron varias noticias denunciando continuos robos a la imponente infraestructura. No es el mejor estreno para una obra en la que ya había ocurrido un accidente que desafortunadamente cobró la vida de una persona y que había tenido problemas con la invasión de sus andenes por parte de vendedores ambulantes, además de lidiar con algunos desconsiderados usuarios que no han tenido pudor alguno para estacionar irresponsablemente sus vehículos en la vía. Lamentablemente todavía nos queda mucho por hacer con relación a estas situaciones.

No es que este tipo de cosas sean tan sorprendentes, ya sabemos que en nuestro entorno los ataques al patrimonio público son comunes y, aunque poco a poco vamos mejorando, no hay casi nada que esté a salvo del mal uso, la destrucción, el desorden y el saqueo. Con frecuencia leemos titulares que registran hurtos de cables, tapas de alcantarilla, luminarias y un gran catálogo de abusos en contra de lo que nos pertenece y cuyo deterioro nos perjudica a todos. Por eso sí sorprende la ingenuidad de las autoridades y su poca preparación para manejar estos asuntos, como si todo nos tomara desprevenidos y no aprendiésemos de las experiencias previas.

De nuevo, se intuye improvisación en varios niveles. En unas declaraciones publicadas en este diario, el presidente del Concejo de Barranquilla sostuvo que tendrían una reunión con el Invías para conocer quién debía asumir la responsabilidad por la operación y el mantenimiento del puente. Aparentemente esto no está claro, por lo menos para los miembros de ese importante órgano de gobierno. Tampoco parece estar claro el alcance de las responsabilidades de la Policía dado que en el puente confluyen las jurisdicciones del Atlántico y del Magdalena, por lo que se ha dicho que podría ser necesaria una jurisdicción especial, un despropósito. Para determinar las acciones que se adoptarán se convocó una apurada reunión con la participación de medio mundo, secretarías, Policía, contratista, institutos y hasta la Fiscalía, según la cual se van a implementar un CAI móvil, cámaras y vigilancia 24 horas. Al parecer, nada de esto se había tenido en cuenta.

¿Era muy complicado pensar en esas medidas antes de inaugurar el puente? ¿Era muy difícil suponer que había que prestar especial cuidado a la seguridad? ¿Desconocían los responsables del proyecto el entorno que lo rodeaba? ¿Se les habrá olvidado algo más? Las preguntas son inquietantes, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos frente a una inversión de unos 800 000 millones de pesos, una suma nada despreciable que no justifica tal nivel de desorden. Espero que al menos se tenga cierta certeza en cuanto al programa de mantenimiento de la estructura, y que se hayan reservado los presupuestos correspondientes. No quiero imaginar que eso también esté en manos del azar.

moreno.slagter@yahoo.com