Debido a un crimen especialmente atroz acontecido en el corregimiento de Santa Cruz, perteneciente al municipio de Luruaco, algunos de sus habitantes protagonizaron una jornada de violencia generalizada, que por ahora ha dejado como resultado el linchamiento de una persona y el homicidio, aparentemente accidental, de otra. Según se pudo leer en la noticia que publicó EL HERALDO, la comunidad se hastió de la poca respuesta que recibieron por parte de las autoridades ante los delitos continuos de unos jóvenes que se denominan ‘los culebros’, principales sospechosos del salvaje asesinato que desató la asonada. Triste episodio que hace evidente la falta de efectividad del Estado en asuntos tan básicos que ponen en duda su misma legitimidad.

Es relativamente fácil comprender a los ciudadanos de Santa Cruz. Con esta afirmación no estoy validando lo que pasó, que considero reprochable y para no repetir bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, no se pueden ignorar las lamentables motivaciones que propiciaron la tragedia. Hay una creciente exasperación por la falta de justicia en muchos aspectos de la vida nacional, la impunidad puede salirnos bastante cara y no parece importarnos lo suficiente. Basta con revisar los medios para encontrarse con perlas inexplicables, solo hace un par de días leía con estupor que un sujeto había sido atrapado por decimotercera ocasión, teniendo en su contra un largo prontuario que incluye un señalamiento por haberle causado la muerte a su propia madre. Que un juez considere que esta persona no es un peligro para la sociedad y siga obteniendo beneficios (tenía casa por cárcel), sencillamente no puede entenderse. Algo así debió pasar en Santa Cruz, ante la incomprensión la respuesta natural es la agresión y la violencia, la temible y peligrosa justicia popular.

En muchas ocasiones he expresado que es un error esperar que el Estado solucione todos los problemas de sus ciudadanos. De hecho, siempre será una buena señal que el día a día de las personas no esté asediado por acciones gubernamentales que vayan cambiando las reglas frecuentemente o que decidan su porvenir; mientras menos se dé uno cuenta de su presencia mejor. Todo esto es válido cuando las tareas fundamentales están resueltas, es decir, cuando hay seguridad, justicia, reglas claras e infraestructura, para eso pagamos impuestos.

Lo que sucede es que, desde hace muchos años en nuestro ámbito, el Estado todavía no ha resuelto lo mínimo y ya quiere encargarse de lo sofisticado. Es probable que haga falta concentrarse más en esos aspectos primarios y esperar un poco para lograr objetivos más complejos. Pero eso sí, el Estado debe ser capaz de asegurar un entorno en el que criminales y asesinos no anden tan campantes, donde se castigue al ladrón, las reglas sean claras y constantes y los servicios públicos y el transporte existan y funcionen. De lo demás, por ahora podemos encargarnos nosotros.

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