Hace poco parecía que la mayor amenaza para la integridad de la Unión Europea venía de los fallos estructurales de la moneda única. La crisis del euro y los rescates financieros de algunos países de la periferia del continente enfrentaban a los políticos y las opiniones públicas. En los estados que precisaban ayudas la gente se quejaba de las duras condiciones en forma de recortes sociales impuestas por Bruselas. En Alemania y otros países buena parte de la sociedad lamentaba que tenía que dedicar miles de millones de euros a rescatar a los ciudadanos de otras partes de Europa. La crisis del euro fomentaba, o por lo menos visualizaba, una gran falta de solidaridad entre los pueblos.

En estos días, sin embargo, la amenaza más grave para la UE ha pasado a ser la política de asilo. El nuevo gobierno entre ultraderechistas y populistas en Italia se ha sumado a otros que pretenden cerrar sus fronteras a los refugiados que vienen por mar y tierra desde África y Oriente Medio. El drama humano detrás de la confrontación política fue simbolizado estos días por el Aquarius, un buque de Médicos Sin Fronteras que había rescatado a 629 personas en aguas del Mediterráneo cuando pretendían llegar a costas europeas. Italia y Malta no permitieron al Aquarius atracar en sus puertos. El nuevo ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, cínicamente acusa a las organizaciones humanitarias de fomentar el tráfico de personas.

Finalmente, España ofreció el puerto de Valencia para acoger a los refugiados. Con este gesto, el nuevo e inesperado presidente socialista Pedro Sánchez impresionó a buena parte de la opinión pública en Europa y sacó los colores a Italia y Francia, que tampoco quería al Aquarius aunque después se comprometió con acoger parte de los 629 migrantes. Lejos del Mediterráneo, la última grieta se ha abierto en Alemania, el país que recibió la gran mayoría de los refugiados en la última oleada procedente de Siria. El ministro del Interior Horst Seehofer, por motivos electoralistas, quiere rechazar en la frontera alemana a todas aquellas personas que ya han sido registradas como solicitantes de asilo en otro país europeo (según el polémico acuerdo de Dublín, un refugiado debe pedir asilo en el primer país de la UE donde llega). En la práctica eso significaría que Grecia, Italia y España tendrían que hacerse cargo de casi todas las personas que entran en Europa por mar. Una medida que enterraría el Espacio de Schengen, la libertad de movimiento de personas en Europa que es uno de los mayores logros de la Unión, una seña de identidad y también un muy importante factor económico.

Hace falta una verdadera política de migración común en Europa, probablemente con un servicio de control de fronteras comunitario y un reparto equitativo de las personas que piden asilo. Esto requiere la solidaridad de los europeos tanto con la gente que huye de guerras y miserias como entre los propios ciudadanos de la Unión. En estos tiempos, parece demasiado para pedir.

@thiloschafer