Contra todos los pronósticos y las voces de los malquerientes del proceso de paz, las Farc están entregando las armas. Aun considerando que muchos de quienes trabajaron a favor, o en los diálogos con la guerrilla, ahora estén peleando liderazgos merecidos o inmerecidos. O como los funcionarios que no ajustaron bien las tuercas de los compromisos en las zonas veredales y pretenden escudarse tras la anarquía de la desinformación en Colombia.

Pero la entrega, hecha ante un organismo internacional que tiene todas las charreteras para auditar y avalar esa delicada operación, no da discusión. Nadie pone en duda la ONU, ni el mismo Álvaro Uribe, a quien ronda la duda de todo lo que no sea hecho o ejecutado por él. 

Hay que ser torpe, ciego y fundamentalista para no aceptarlo, o estar obnubilado por algún resplandor mesiánico y caudillista que puede llevarnos al despeñadero. O –tómenlo con beneficio de inventario– porque la guerra es un gran negocio y muchos pelechan de ella. Armas, balas, uniformes, botas, pertrechos en general. Eso cuesta, y mucho. Ser intermediario u ordenador del gasto en esos menesteres implica manejar muchos recursos públicos amparados en el argumento del sigilo obligado de la seguridad nacional. 

En aras de un sano debate estimemos que les cabe algo de razón a quienes basados en otras experiencias han visto con desconfianza el proceso, pero a estas alturas hay que tener el corazón amarrado a la guerra para seguir lanzándole flechas con curare a la paz, cuyo vertiginoso vaivén es solo comparable con una montaña rusa.

La entrega de armas es un hecho tan obvio que negarlo o especular para crear dudas o lograr protagonismos es contraevidente frente a las imágenes divulgadas en los medios de comunicación. Hay que andar con cautela, pero este es un hecho veraz al que no le cabe la típica mala leche colombiana del comentario mordaz o de la posición escéptica para fungir de analista profundo.    

Coletilla: Hemos perdido la cuenta en Colombia de cuántos exfuncionarios vinculados al gobierno de Álvaro Uribe Vélez están tras las rejas o los andan buscando. La más reciente noticia es sobre Edmundo Del Castillo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República desde 2007. El delito que se le imputa es concierto para delinquir y el señalamiento está basado en las pruebas que tiene en sus manos la Fiscalía General de la Nación por las chuzadas del DAS. Otro más en la lista, también cercanísimo a Uribe Vélez, es César Mauricio Velásquez, ex secretario de prensa de la Presidencia. Ojo, lo dicho por la justicia en este caso es de suma gravedad, como que Del Castillo concertó con otros funcionarios y expertos en tecnicismos telefónicos escuchar las conversaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El único que no se moja en la piscina es Uribe.

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