Los narcos colombianos se iniciaron en la exportación de la cocaína aprovechando la ventaja comparativa logística y cierta atávica habilidad comercial; incursionaron luego en el  procesamiento industrial y avanzaron con la agricultura hasta completar la integración vertical del negocio, como cualquier multinacional que se respete. En los últimos años hubo incentivos a los cultivadores resultantes en 100 mil hectáreas adicionales plantadas haciendo escalar la molestia del gobierno de EEUU. En alguna asamblea de bandas criminales se había anticipado la estrategia de fortalecer el mercado interno, para mitigar el efecto tenaza de sobreproducción y “obstáculos para arancelarios” a la exportación. Dentro del nuevo modelo de negocio se implementó primero una fuerte campaña de marketing basada en muestras gratis para conquistar jóvenes en colegios y universidades, seguida de la distribución y venta al detal o ‘narcomenudeo’. Y en una última evolución, como lo muestra “La cocina que descubrieron en la Ciudadela de Paz” en Barranquilla (EL HERALDO, 27 de marzo) se está desplazando parte de la capacidad de procesamiento de la selva a las ciudades.

La semana pasada, los alcaldes de las 32 ciudades capitales de Colombia, agobiados por la violencia local, hicieron un llamado a “una discusión seria y profunda” sobre los puntos críticos que obstaculizan la captura de los que se dedican al ‘narcomenudeo’. Reclaman que la operatividad de las autoridades se ve diezmada por las libertades excusadas en el argumento de la dosis mínima. Hay que señalar que esas ciudades albergan el 70% de los habitantes y aportan el 80% de la economía del país. Y recordar que esos mandatarios fueron elegidos democráticamente. Su frustración radica en que la dosis mínima, establecida para proteger derechos de los consumidores, es una ficción en el marco de la jurisprudencia actual. Según esta, cuando se detiene a alguien con una cantidad que excede con mucho dicha dosis, es necesario demostrar que la intención del poseedor era vender el producto para poderlo judicializar. Los alcaldes, cuya representatividad es indudable, consideran eso una trágica ingenuidad, porque la principal causa de homicidios en la Colombia urbana de hoy es la disputa entre bandas dedicadas al microtráfico. Y si acaso hay una constante en la historia del país es la incapacidad del Estado para dirimir disputas entre facciones locales violentas, sean estas partidistas, subversivas o delincuenciales. En palabras del propio Fiscal General de la Nación “si se captura al malandrín de la droga con 20 papeletas dice que son las de su consumo de la semana, si son 40, dice que son las de la quincena, si son 80 dice que son las del mes”. En la práctica la tal dosis mínima no existe. Quedó convertida en una mampara para la exitosa gestión del nuevo modelo de negocio del narcotráfico, motor de la ya larga oleada de violencia y corrupción que no deja de azotar el país.

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