En Colombia no es nuevo lo que se denomina revictimización de las víctimas. Un término acuñado a partir de la forma para quienes han sido objeto de violencia o despojo y luego reciben señalamientos o balas. La prueba más reciente de ello es la muerte a tiros de Bernardo Cuero Bravo, líder social y defensor de los derechos humanos, quien después de sufrir amenazas cayó a manos de un homicida en la sala de su casa de Malambo. Había denunciado de manera reiterada casos de despojo de tierras y violación de derechos humanos de desplazados de la comunidad afro en el Atlántico, un departamento con 228.500 víctimas localizadas oficialmente, la mayoría provenientes de otros departamentos. Dice el registro más fresco de prensa sobre el hecho que la Defensoría del Pueblo había recibido las denuncias, pero que Cuero solo contaba con un chaleco antibalas para su protección.
Era un hombre reconocido y entre sus actividades estaban la de delegado por Afrodes en la Mesa de Participación de Víctimas de Atlántico y además se desempeñaba como miembro de una Junta de Acción Comunal. Era, sin dudas, y al menos lo que se conocía de él, un líder comprometido con su barrio y con su causa. Hace 40 días la Defensoría advirtió en el informe ‘Violencia y amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos’ sobre el peligro que corrían algunas personas relacionadas con estas actividades. Nada pasó para que todo pasara. La advertencia, que está basada en más de 500 amenazas, no fue tenida en cuenta.
En Colombia hay estigmas que encasillan a líderes sociales y sindicalistas. Estigmas que son como una marca del ángel de la muerte. Todo lo que se mueva en defensa de las comunidades tiene aparentemente un tinte subversivo. Lo demás es conocido. Y lo que ahora se conoce como Geopolítica de la seguridad tiene nuevas medidas, nuevas miradas y mayores riesgos. No en vano América Latina está ubicada en el primer lugar en el mundo en materia de criminalidad, de acuerdo a estándares de la ONU. La clasificación señala que son delictivos, interpersonales y sociopolíticos.
En esta última clasificación caben Cuero Bravo y miles más. Después de Brasil y Venezuela sigue Colombia en ese perverso ranking de violencia. Hay que anotar que en el país, en los últimos 10 años, los homicidios relacionados con el conflicto violento originado por la guerrilla o los paramilitares bajaron hasta 70%, pero por otra parte los registros oficiales y de las ONG afirman que el año pasado ocurrieron 13.000 muertes.
Los expertos estiman que el narcotráfico tuvo un gran impacto en estas cifras en el pasado, pero ahora la criminalidad gira en torno al despojo de tierras y a la oposición a las normas que se refieren a la restitución de las mismas, porque quienes las obtuvieron de manera ilegal no quieren devolverlas. Las estadísticas en nuestro continente son de análisis psiquiátrico colectivo. Se habla de 145.000 asesinatos al año y se calcula que el día a día es de 450 fallecidos, y estos ocurren no precisamente por causas naturales.
mendietahumberto@gmail.com
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