Hay quienes sostienen que Aida Merlano no ha dicho todo lo que sabe sobre la corrupción electoral en el Atlántico y que si llegare a aumentarle las velocidades al ventilador de las denuncias sus pringos alcanzarían a otros encopetados personajes de la política local, implicados, como ella, en el “nauseabundo” comercio de votos, como dijo el Fiscal General.
Merlano, cuyo éxito en la política proviene no de sus méritos intelectuales, sino de sus habilidades mochileras y sus atributos físicos (mejorados, entiendo, por la medicina estética), fue empapelada y llevada a la cárcel, agravando su estabilidad emocional, porque así lo anhelaban algunas personas de la elite de la ciudad que querían pasarle factura, frenando, de cualquier manera, su vertiginosa como sorprendente carrera política (fue diputada, representante y ahora senadora, y en su portafolio de ambiciones estaba, aseguran, ceñirse algún día la corona de alcaldesa de Barranquilla). Nada mal para una muchacha sin mucha formación y oriunda del estrato uno.
Lo revelado por el Fiscal General no tiene antecedentes en la historia política de Barranquilla, al punto que ha provocado serias alteraciones nerviosas en varias de las personas involucradas en esta tenebrosa novela de corrupción electoral. En medio del escándalo, llama la atención el comunicado de Valorcon en el que dice que el señor Julio Gerlein Echeverría, vinculado por la Fiscalía a la operación Casa Blanca, no es socio de la compañía. Puede que legalmente sea cierto, pero en la ciudad hasta un bebé sabe que el señor Gerlein es el dueño de Valorcon.
Pero eso, ahora, no es lo importante. Lo cardinal, y es lo que están esperando los ciudadanos, es que a partir del caso Merlano empecemos a erradicar en el Atlántico la compra y venta del voto. Una grave enfermedad nacional que no solo se expresa cuando un político le compra el voto a una persona necesitada por 50 mil pesos. También se ejerce esa práctica cuando al elector se le compra con neveras, televisores, lavadoras, bicicletas, tabletas y celulares. En el Atlántico la repartidera de enseres y mercaditos ha sido un hábito electorero con el cual han enmascarado la corrupción al sufragante.
Soledad merece particular lupa. Allí a una señora –con la complicidad de la Registraduría y sin tener la acreditación de ningún partido– le nombraron más de 1.000 jurados que representaban el 90% de los que inscribió. ¿A qué candidatos favorecieron estos jurados evidentemente homogéneos? La Fiscalía no lo ha dicho.
La consulta anticorrupción del 26 de agosto debe producir un contundente mandato ciudadano para seguir avanzando en la derrota de los políticos compradores de votos. Necesitamos políticos decentes. No importa si son de derecha, de centro o de izquierda. Lo éticamente indispensable es que hagan de lo electoral una actividad transparente.
@HoracioBrieva
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