Hace pocos días un grupo local de profesionales del Derecho nos reunimos con un connotado jurista capitalino, profesor universitario también, quien ha ocupado importantes dignidades dentro del país. En una cordial y social charla soltó esta frase, que por lo menos a nosotros nos dejó sorprendidos y nos nutrió una serie de reflexiones sobre el tema, tan sustanciales que llego hoy inclusive a intentar compartir con mis amables lectores.
Hemos meditado: ¿era verdaderamente fundamental, aceptar, en los acuerdos de La Habana la aprobación de un Tribunal Especial hoy llamado en siglas JEP. Quiso seguir ejemplos como los del Juicio de Nuremberg en Alemania o el de los militares en la Argentina del General, Videla? ¿No teníamos acaso unas altas Cortes dignas, representativas, académicamente sobresalientes, capaces de afrontar este nuevo reto de una posjusticia de guerra? ¿No nos traería más problemas este nuevo Tribunal de carácter logísticos, como ha sucedido en el presente con el desbocamiento inicial de la JEP al otorgar permisos de vacaciones a reos criminales y detener como no tenía porqué hacerlo el proceso de extradición de ‘Santrich’?
Seguimos con los días posteriores a la reunión aludida cosechando reflexiones: ¿era necesario crear más burocracia, más presupuesto, más enredos de la logística jurídica vulneraba por esa atomización política que ha encuadrado todo este proceso? Es cierto que la Paz firmada es un éxito, que la desmovilización fue trascendental, que los asesinatos han mermado. Pero lo que no es cierto es que debemos anular o echar para a tras todo lo conseguido. En este tema de la Paz estructural hoy día para Colombia no podemos permitir el regreso al pasado oscuro, criminal.
La nuestras elucubraciones no obstante surgen a la luz las disciplinas jurídicas las grandes dudas: en una maniobra política digna de transformar en una película, el gobierno convirtió en triunfo una derrota democrática como que el No del plebiscito del pueblo rechazando, no la Paz en si misma sino los procedimientos para llegar a ella. Después la Corte Suprema legaliza, autentiza a través de una refrendación a nuestra juicio espúrea del Congreso, toda la victoria que no existía para autenticar un Si que despejara el camino.
Todo este accionar se encontró de frente con un resultado esperado, como fueron las elecciones en donde la oposición a los procedimientos de la JEP pusieron sobre la mesa las modificaciones para poder reglamentar el mencionado tribunal. Total, un galimatías jurídico en donde ya se vio claridad al final del túnel: Si a la Paz, nada de hacerla trizas, sacarla adelante y luchar por volverla realidad con una JEP reglamentada. Pero con las correcciones de lógica, ajustes de una elemental esencia dialéctica. No a la impunidad, castigo para quienes son sindicados por la justicia como criminales, no aceptar su participación política sin definir su estatuto legal, no rotundo a el nexo delito del Narcotráfico-Farc, juzgamiento para los militares con un tribunal especial con criterios bien distinto que los separe de la ignominia actuante de los sindicados exguerrilleros. ¿No estará nuestro jurista bogotano en lo cierto en sus críticas a la JEP como venía dibujada y empezaba a actuar?
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