Desde los griegos antiguos se practicaba el estímulo a lo que en la época moderna los  jóvenes llamábamos ‘acuseta’. También los etruscos y vikingos tenían una particular forma de administrar justicia con los que ellos consideraban atropellos, no delitos, que consistían en los azotes en la espalda del agresor robador de una gallina o un semoviente, por ejemplo, pero no punible según sus criterios si en una riña se decapitaba al contrario. Eran costumbres de otras épocas, pero sobre todo de otros criterios. Cuando la escuela Positiva del derecho Romano con el profesor Ferri llegó a esa cúspide de sabiduría que le reconoció el mundo,   se aceptó la confesión, si se quiere la delación de otros compinches, como una forma procesal con alta fuerza de prueba concluyente.

Quienes no hemos transitado por el Derecho Penal, como simple ciudadanos nos asombra hoy día la fuerza que adquirió en el mundo moderno la denuncia, la ‘sapería’, según el vocablo popular, que abunda en toda causa jurídica, lo cual ha adquirido dimensiones de tal naturaleza que es premiada con beneficios de toda índole, desde rebaja de condenas hasta mejoramiento en los sitios de reclusión, comodidades en las celdas, visitas privilegiadas y en casos específicos, puntuales en los Estados Unidos, por ejemplo, igualmente en Francia e Inglaterra, protección al delatante, posible encarcelación vigilada y hasta cambio de fisonomía por medio de cirugías plásticas.

Es una cultura de la práctica penal consagrada en los códigos inclusive,   permitida, admitida y admirada como arma de los acusadores –el gobierno,   las fiscalías– para llegar a más profunda evidencia que complete las pruebas.  En ese contexto, Colombia entró por esta onda en donde múltiples casos se han resuelto porque uno o varios implicados han confesado toda la trama, todo el delito en las dimensiones y alcances que el tratadista Gutiérrez Anzola llamaba “la cubierta que cubre  todo lo podrido que hay adentro”.

Entrar a discutir o de pronto a polemizar si este procedimiento es bueno  o malo, eficiente o no, práctico sí o no,   definitivo sí o sí, es jugar a los especuladores. Cada quien tendrá su opinión, y los científicos del Derecho Penal, las escuelas con sus tendencias mundiales tendrán mucha tela de donde cortar. Es y sería una discusión eterna. Siempre habrá un grupo que dirá que es la compra de conciencias, y otro que sostendrá el abuso de las debilidades humanas para sacar provecho. Nosotros desde un ángulo neófito solamente podemos decir que nos preocupa que muchos de los sentenciados o sindicados, enjuiciados, interrogados, auténticamente hampones o criminales, reconocidos bandidos en todas las expresiones del Código Penal, para salvarse, para mejorarse sus castigos, para atenuar las penas inventen una cantidad de mentiras, verdaderos novelones, que enlodan a gente inocente, la complican, y sin autoridad moral absoluta logran que incautas autoridades fabriquen expedientes en los que o están limpios  o se ensuciaron, por decirlo de alguna manera, condenados o absueltos según el caso, sin que esta sea la realidad. Abundan estos episodios en Colombia.